TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Que se amplíe el estado de excepción solicitará la Secretaría de Seguridad al Gobierno de la República de Honduras como parte de la lucha contra la criminalidad y la extorsión.

Así lo dijo el comisionado de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, a través de medios locales, donde también recordó que la medida vence este próximo 6 de enero de 2023.

«Ya se realizan las diligencias necesarias por parte de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. Sabemos que el PCM 29-2022 ha sido la mejor herramienta que hemos tenido en la Policía Nacional», expresó el funcionario policial.

Dentro de ese contexto, Martínez Madrid resaltó la reducción de la cantidad de muertes violentas en diciembre de 2022, en comparación con diciembre de 2021 y el mismo mes en 2012.

«Cerramos el año 2022 con 3,435 muertes comparativas a las 3,942 muertes. Esa cifra es una reacción notable con uno de los años cuando hubo mayor incidencia delictiva o un número más grande de homicidios, que fue en 2012 con 7,172 muertes», aseguró.

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Tasa de homicidios

Del mismo modo, el comisionado de la Policía dijo que en 2022 Honduras cerró con una tasa de 35.7 muertes por cada 100 mil habitantes. Mientras que, se espera que 2023 cierre con una reducción de cinco puntos en comparación con el año anterior.

«No quiere decir que nos vamos a mantener con estas cifras el resto del año 2023, sino que fijamos una meta de una reducción de por lo menos cinco puntos dentro de esta tasa significativa. Posiblemente, para diciembre de 2023 estaríamos hablando de una reducción de una tasa hasta del 30″, enfatizó.

Combate a la extorsión

La presidenta Xiomara Castro declaró estado de emergencia en seguridad el 24 de noviembre de 2022. En el marco de esa medida lanzó el Plan Integral para el Tratamiento a la Extorsión y Delitos Conexos el 28 del mismo mes.

De igual manera, el 6 de diciembre pasado decretó estado de excepción parcial para unas 160 colonias y barrios de Distrito Central (Francisco Morazán) y San Pedro Sula (Cortés).

Esa acción entró en vigencia por 30 días el 6 de diciembre a las 6:00 de la tarde y vencerá el 6 de enero de 2023.

Durante ese decreto, autoridades policiales capturaron unas 1,300 personas, presuntamente ligadas a estructuras criminales, acusados de diferentes delitos.

Ante esos «buenos» resultados, diversos sectores del país sugieren al Gobierno que extiendan el periodo de ese plan antiextorsión. 

Asimismo, piden que también se ejecute en otras ciudades hondureñas donde la criminalidad también afecta a comerciantes, transportistas y ciudadanía en general.