Redacción. La congresista Xiomara Hortencia «Pichu» Zelaya ha presentado un proyecto de ley encaminado a otorgar facultades a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) para su instalación, pero con una limitación temporal de 5 años.

La congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre) enfatizó en la importancia de este proyecto, recordando que ya había presentado una propuesta similar en el pasado, pero dijo que alcanzar los 86 votos necesarios para su aprobación resultaba complicado debido a los diversos intereses políticos en juego.

«Es por eso que presento una ley especial que únicamente requiere de 65 votos para poder hacer las reformas necesarias y crear las figuras legales que la CICIH necesita para operar en el país», explicó la congresista, hija de la presidenta Xiomara Castro.

El proyecto propuesto busca iniciar una reestructuración de la institucionalidad en Honduras. Reconoce que aunque se hayan producido cambios en los liderazgos de los órganos de justicia, la estructura sigue intacta.

«Por eso Honduras necesita del acompañamiento hasta lograr las reformas sustanciales en el sistema de justicia nacional y poder establecer una institucionalidad robusta que dé respuesta a las demandas del pueblo», agregó Zelaya.

Reformas para instalar la CICIH

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluyó nueve reformas legislativas para hacer efecto a la instalación de la CICIH. El Congreso Nacional ya había realizado algunas de ellas por propia iniciativa, los cuales son:

1. Derogación Decreto 116-2019: Trataba sobre la liquidación y extinción de responsabilidad penal, administrativa y civil para los actores con responsabilidad en ejecución de fondos departamentales. Su derogación representa un paso crucial para eliminar barreras legales que obstaculizaban la persecución de la corrupción.
2. Derogación del Decreto 93-2021: Este decreto reformaba y derogaba 27 artículos del Código Penal y de la Ley Especial de Lavado de Activos, los cuales protegían hechos considerados de corrupción, lavado de activos y violación de los derechos humanos. Su derogación fortalece la capacidad del sistema legal para perseguir y sancionar los delitos de corrupción.
3. Derogación del Decreto 57-2020: Este decreto interpretaba los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal y el artículo 8 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, con el propósito de impedir al Ministerio Público el comiso y secuestro de documentos relacionados con hechos considerados de corrupción. Su derogación elimina obstáculos procesales que podrían haber dificultado las investigaciones de casos de corrupción.

Además de las reformas mencionadas anteriormente, se están considerando otras modificaciones legislativas solicitadas por la ONU. Una de estas es la Ley de Municipalidades, con el objetivo de evitar que los municipios estén exentos de las investigaciones de corrupción.

Otra reforma importante se dirige a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eliminando la inmunidad parlamentaria otorgada en la administración anterior. Esta medida busca garantizar que ningún funcionario esté por encima de la ley y que todos sean responsables ante la justicia.