La mayoría de las víctimas procedían de zonas pobres y solían consumir alcohol barato fabricado localmente y conocido como «Desi Daru», añadió.
Algunos medios locales informaron que la bebida había causado la muerte de 40 personas.
Ciudadano siendo trasladado al hospital en una ambulancia.
Según la investigación preliminar, la bebida contenía metanol. En los últimos tres días, la policía ha detenido a 174 personas por fabricación, venta y suministro ilegales de alcohol.
También se incautaron y destruyeron más de 900 litros de alcoholadulterado durante los registros.
La venta y consumo de alcohol están prohibidos en varias regiones de la India, como Bihar, favoreciendo el auge de un mercado negro de alcoholartesanal, fuerte y a veces mortal. Cientos de personasmueren cada año intoxicadas.
Las autoridades locales reprimen el mercado negro, utilizando drones, helicópteros y barcos rápidos.
En diciembre pasado, en el mismo estado, 37 personas murieron intoxicadas por alcohol artesanal.
Once personas mueren por insolación en un evento masivo en India
AFP. Once personas murieron por insolación en India, en una ceremonia patrocinada por el gobierno, en el que alrededor de un millón de espectadores esperaron durante horas bajo el sol, anunciaron el lunes las autoridades.
El acto que se celebró al aire libre tuvo lugar el domingo cerca de Bombay (oeste), con temperaturas cercanas a los 38 grados centígrados y altos niveles de humedad, según medios locales.
Varios miembros del gobierno asistieron a la ceremonia, incluyendo el ministro del Interior Amit Shah, que agradeció a la multitud por esperar tanto tiempo bajo el sol.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ministerio Público (MP) expuso a través de un comunicado que no se han tomado represalias en contra de los empleados de la institución que se han declarado en paro de labores desde hace algunas semanas.
Según detalla el documento de la institución, los representantes de las tomas han pedido a los demás empleados la firma de un acuerdo. Éste comprende que no deben recibir denuncias, no van a realizar traslados, rotaciones, remociones de cargo, así como la deducción de cualquier responsabilidad.
Los empleados del MP mantienen latentes las acciones de protesta y toma de instalaciones, en exigencia a las autoridades de gobierno a un mejor salario. Hace unos días se nombró a Sarahí Cerna como mediadora de la crisis y se espera tener una salida.
El Ministerio Público afirmó que no están tomando represalias ni acciones en contra de los participantes en las protestas.
De acuerdo con el Ministerio Público, la firma del acuerdo de los empleados en la protesta por un mejor salario, conlleva algunas consideraciones.
Entre ellas figura que la presentación de denuncias es un derecho que asiste a cualquier persona natural o jurídica. De la misma manera, la manifestación del derecho al acceso de la justicia, por lo que no se puede limitar por parte de ninguna autoridad.
Asimismo, el MP expone que los traslados, rotaciones, permutas y remociones de un empleado de su cargo, se realizan en el marco de criterios de objetividad, proporcionalidad, utilidad y eficacia en el ejercicio de sus funciones, estipuladas en la ley. Es por ello, que aclaran que una de estas acciones no es antojadiza.
Los empleados del MP continúan exigiendo al Gobierno un mejor salarios por el costo de vida.
También, en otro de sus enunciados se detalla que el ejercicio oficioso de la acción penal pública es una facultad que la misma Constitución atribuye al Ministerio Público, al amparo del principio de legalidad frente a las conductas de delito.
La única excepción que destaca es el principio de la oportunidad que está establecida en conformidad al Código Penal.
Acción penal privada
En el punto del ejercicio de la acción penal privada, el Ministerio Público indica que le corresponde a los titulares de los bienes jurídicos que pudieran considerarse afectados.
El MP recordó que a los servidores que mantienen el paro de labores, las autoridades no les han ejecutado ningún acto intimidatorio o represalia a consecuencia de las acciones.
Por último, destacan que confían en que se normalice con plenitud las funciones en la institución en los próximos días.
Tegucigalpa, Honduras.- Padres de familia de la escuela Manuel Bonilla, en el sector de Azacualpa, se tomaron las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán por la falta de personal docente.
Los presentes en la protesta han manifestado que por la falta de maestros, sus hijos no pueden avanzar. Explicaron que en los cuatro meses que van del 2023, los alumnos no han tenido ni siquiera exámenes del primer parcial.
“Nos han cambiado las estructuras, han quitadodocentes. Ahora estamos cortos de personal”, comentó una madre de familia a un medio local.
De igual forma, los protestantes denunciaron que las autoridades de la Secretaría de Educación no se han preocupado por este problema. Ellos dijeron que esta situación perjudica directamente a un gran número de niños.
Los padres de familia denunciaron que ellos no quieren que por culpa de las autoridades educativas sus hijos pierdan el año escolar.
Por último, advirtieron que harán hasta lo imposible para que el Gobierno escuche sus peticiones y envíen maestros a la escuela Manuel Bonilla.
Los padres de familia aseguran que no soltarán la departamental.
«El Estado no tiene dinero»
Ante las protestas ocurridas ayer por parte de los docentes de los departamento de Islas de la Bahía y Gracias a Dios, quienes exigen el pago del «zonaje», el ministro de la Secretaría de Educación, Daniel Sponda, dijo que el Estado hondureño no tiene dinero para pagar el reajuste.
En ese sentido, Sponda aseguró que en enero de 2023 se le dio el incremento salarial a todo el sector docente y recalcó que los maestros de Islas de la Bahía y Gracias a Dios reciben casi nueve mil lempiras más que un formador del resto de departamentos. Seguidamente, pidió a los educadores «ser conscientes» porque «el Estado no tiene dinero».
«En enero el magisterio ha vivido el reajuste salarial más importante de los últimos 20 años. Nuestros compañeros que tienen 36 horas sin calificación académica recibieron 1,200 lempiras, más 200 de calificación, más 100 lempiras por cada quinquenio», manifestó Sponda.
CURIOSA. En el mundo se hablan varios idiomas, pero algo que se tiene claro es que en la mayoría de los países de Latinoamérica y en España el idioma que predomina es el español, sin embargo, hay una mujer que se volvió viral debido a que no sabía este dato.
En TikTok circula un video en el que una española, quien al parecer está grabando un programa, llega a la casa de una mexicana, a quien primero le pregunta si en el lugar donde se encuentra es su casa.
La mexicana fue entrevistada por una periodista española.
“Sí, es mi casa, ¿y de dónde vienes?”, le pregunta la mexicana.
La reportera responde que es de España, por lo que la mexicana no puede ocultar su sorpresa sobre todo al escucharla hablar español.
“¿Hablas español? Yo pensé que hablabas como los canadienses”.
Tras este comentario, la española se sorprende y en repetidas ocasiones menciona que no cree que la mujer no sepa que en España se hable español.
El video se volvió viral en TikTok.
“No me lo creo, ¿de verdad? ¿Y me entiendes al hablar? No me digas, o sea, ¿creías que los españoles hablábamos en inglés o en francés”.
La mexicana dice que creyó que los españoles hablaban un idioma diferente al español y que no pensó que lo hablaran muy bien.
“Sí, diferente. No creí que hablaran bien el español”.
En los comentarios de la publicación, varias personas no dudaron en opinar sobre el video. Algunos se lo tomaron con humor e incluso dejaron un comentario sarcástico mientras que otros se encontraban igual que la española, sorprendidos de que la mexicana no supiera que en España también se habla español.
“Me sorprende que en Francia se hable francés”, “Normal que se confunda, las banderas son idénticas”, “Ahora explíquenle como en Latinoamérica la gente habla español”, “Y en Rusia ruso, en China chino, en Francia en francés”.
REDACCIÓN. La carretera que conduce a Olancho finalmente quedó despejada para el uso de los transeúntes, tras una protesta que se registró en el kilómetro 9, en horas de la mañana.
Habitantes de la residencial San José y de la colonia La Cataluña, informaron que el origen de la protesta radicaba en la falta de agua potable. Explicaron en horas más tempranas que tienen días sin recibir el vital líquido.
Por ende, el grupo de personas decidió movilizarse por la carretera e impedir el paso vehicular con una quema de llantas. Esa acción creó un caos en la salida a Olancho, debido a que desató congestionamiento vehicular.
La protesta mantuvo congestionado el tráfico vehicular en esa zona.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para tratar de dialogar con los manifestantes, quienes en un principio se negaban a quitarse de la carretera. Al menos, «hasta obtener respuesta» por parte de las autoridades.
Sin embargo, finalmente los pobladores enardecidos calmaron sus ánimos y desalojaron la carretera, dejando libre el paso a los vehículos.
Los pobladores amenazaron con seguir realizando medidas de presión si continúa la problemática del agua potable en sus sectores.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), denunció y dio a conocer su preocupación por la muerte de niños y jóvenes de manera violenta pese al estado de excepción.
«A pesar del estado de excepción decretado por el Congreso Nacional en Honduras la ola de violencia sigue imparable», expresó Coiproden a través de un boletín informativo.
Según los datos del ente, desde el 01 de enero al 31 de marzo de este 2023 se reportó la muerte violenta de 151 niños y adolescentes, a pesar de las nuevas medidas en materia de seguridad en Honduras.
Además, las cifras del Coiproden dejan entrever que en promedio alrededor de cincuenta menores pierden la vida mensualmente en las mismas condiciones violentas.
Zonas con mayor registro de muertes
Por otra parte, la institución detalló que los departamentos en los que se han registrado más hechos violentos durante los primeros meses se encuentran: Francisco Morazán, Cortés y Olancho.
En ese sentido, Coiproden lamentó que en el país persiste la violencia, inseguridad, desplazamiento forzado por violencia, migración, entre otras problemáticas que afectan a cientos de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ).
En el primer trimestre de 2023 se contabilizaron 151 muertes de niños y jóvenes.
De igual manera, cuestionó el hecho de que a 14 meses de la administración del nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro, todavía «no se convoca al Consejo Nacional de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia, ni ha girado instrucciones al Consejo Nacional de Prevención de Violencia hacia Niñez y Juventud (COPREV)».
Por otra parte, el estudio de Coiproden indica que pese a la violencia que impera en Honduras hubo una reducción del 4% en muertes. Es decir, que este año se registraron siete muertes menos en comparación con el 2022.
CORTÉS, HONDURAS. Dos familias quedaron prácticamente en la calle, luego de que sus viviendas se redujeran a cenizas tras reportarse un incendio en el bordo de Río Blanco en San Pedro Sula.
Se conoció que en estas humildes casas habitaban unas seis personas que ahora observan con impotencia todo lo que perdieron.
El Cuerpo de Bomberos se movilizó al lugar donde ocurrió el hecho y de inmediato procedieron para apagar las llamas.
Las casas quedaron destruidas.
Se maneja hasta ahora que un posible corto circuito habría causado el incendio, sin embargo, las autoridades indagarán y darán un reporte completo.
Los bomberos atendieron el incendio. (Imagen referencial).
En los rostros de los ciudadanos se evidencia el dolor que sentían al ver sus viviendas destruidas.
Cada uno buscaba entre los escombros para tratar de salvar algún artículo, porque cuando comenzó el siniestro, solo pueden salir con lo que llevaban puesto.
Dos nuevos incendios forestales en Francisco Morazán
Dos incendios forestales se registraron el sábado 15 de abril en el departamento de Francisco Morazán, uno en Santa Lucía y otro en Zambrano.
El Cuerpo de Bomberos se movilizó de inmediato hasta la zona para tratar de sofocar los siniestros.
Los incendios se reportaron desde horas tempranas del sábado.
Redacción.- La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, informó al director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, sobre el nombramiento de Miguel Pérez Suazo como nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y, además, comunicó sobre otros 13 funcionarios policiales propuestos para ser nombrados como nuevos integrantes de la institución.
En el comunicado del Plan de Intervención de los Centros Penitenciarios se detallan los cambios de la estructura propuestos por Villanueva. Entre estos, se dan a conocer los 14 cambios en el personal del INP.
Primera parte del comunicado de la nueva estructura del INP.
“En el marco de la seguridad ciudadana a través del Plan de Intervención de los Centros Penitenciarios del país, dentro de las atribuciones que me corresponden de conformidad con el mandato presidencial para presidir este Plan de Intervención, hago de su conocimiento acerca de los funcionarios propuestos para ser nombrados como nuevas autoridades del INP», reza el comunicado.
En el documento se detalla que los policías tomarán el control del INP, luego de que superen las pruebas de confianza.
Sin embargo, entendidos en el tema se plantean si un nuevo cambio de autoridades podrá erradicar la problemática de los centros penales del país.
Segunda parte del comunicado sobre la nueva estructura del INP.
Problema de las cárceles es estructural, no se resolverá con «movimientos»
El analista y abogado German Licona dijo que la estrategia que establezca Villanueva debe llevar planes a corto, mediano y largo plazo, no solamente el cambio de personal de distintos cargos en el INP.
«El problema de las cárceles es estructural, no se va a resolver haciendo cambios en la organización ni construyendo más cárceles. Creo que dentro del Plan que ha establecido la viceministra Villanueva debe incorporar planes a corto, mediano y largo plazo», expresó.
Licona aseguró que inicialmente se debe recuperar la administración de los centros penales, ya que han estado a cargo de los autogobiernos. De esa manera se podrá contrarrestar la operación de las estructuras criminales desde los recintos penitenciarios.
En caso de que se realice el cambio en la dirección del INP, debe aprovecharse para tomar medidas extraordinarias que logren controlar las cárceles, asegura Licona. Al mismo tiempo, recomendó a Miguel Pérez Suazo (propuesto para director) que, de obtener el cargo, primero busque proteger a su familia. Luego debe acompañe de expertos para establecer controles más específicos en las cárceles.
Finalmente, lamentó que los centros penales del país no sean sostenibles, situación que vuelve necesario aplicar la «mano dura», como en el país vecino de El Salvador.
«Las medidas que han tomado en otros países es importante replicarlas, pero con la realidad que vive nuestro país. Con el fin de sentar las bases para que el sistema penitenciario pueda tener vigencia donde se respeten los derechos humanos y la vida de cada uno», sentenció.
La intervención no sirve si se dejan las «manzanas podridas»
Sobre el tema, hay expertos que consideran el reemplazo de personal como algo que podría dar resultados positivos. El criminólogo Gonzalo Sánchez aseguró que los hondureños aún confían en la intervención de los centros penitenciarios y que si lo consideran necesario, se deben reemplazar las «manzanas podridas».
«De nada sirve que intervenga los centros penitenciarios si van a dejar las manzanas podridas. Va ser necesario que (la autoridad del INP) haga los cambios que estime pertinentes«, comenzó diciendo.
Sánchez apuntó que las autoridades gubernamentales deben enfocar sus esfuerzos en terminar con la corrupción dentro de las cárceles. «Principalmente se debe atacar la corrupción, se debe investigar y poner a la orden del Ministerio Público (MP) a aquellas personas que se prestan por dinero a introducir armas, celulares, drogas«, indicó.
Gonzalo Sánchez, criminólogo.
Además, el criminólogo manifestó que la «mano dura» del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra las estructuras criminales ha dado los resultados esperados. Por lo que este caso de éxito debería servir de ejemplo para las autoridades hondureñas.
«A mí me llama la atención que la presidenta Xiomara Castro dice mano dura. La mano dura es la que está utilizando Bukele, creo que le está dando resultado. Han reducido la incidencia de la violencia. Hay días enteros sin homicidios, está mejorando la inversión nacional y extranjera. Si se van a tomar las medidas que El Salvador (toma), creo que va a ser necesario el nuevo nombramiento que hizo Julissa Villanueva«, expresó.
«Derechos humanos son un obstáculo para el actuar de la Policía»
Por otra parte, Gonzalo Sánchez es del criterio de que los derechos humanos han limitado el actuar de la Policía Nacional contra las estructuras criminales.
«Siempre he creído que los DDHH hacen un buen papel, pero debería ser para las personas honradas y no para quienes cometen asesinatos y hacen crímenes. Lamentablemente los tratados que firma Honduras sobre DDHH dejan entrever que sólo son para los privados de libertad y otras personas«, manifestó.
Por otro lado, el experto en criminología aseguró que deben darle un estamento jurídico a los uniformados, para que estén protegidos en sus labores.
«DDHH hace los señalamientos, pero la fiscalía del MP pasa acusando a los policías cuando se defienden y eso es grave. Los DDHH son un obstáculo para que la Policíapueda ejercer sus funciones como tiene que ser», sentenció.
Conadeh pide que la intervención sea basada en derechos humanos
La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, aseguró que esperan que la estrategia y procedimiento de la intervención sea basada en los derechos humanos.
«El problema en el sistema penitenciario se genera por problemas estructurales que han sido sistemáticas y progresivas desde que se creó el sistema penitenciario», argumentó.
Además, dijo que se deberían estudiar a los nuevos integrantes del INP. Se debería verificar que sean conocedores de derechos humanos. También aseguró que el Conadeh está a disposición del INP para ser parte de la mesa técnica para la intervención de los centros penales.
Blanca Izaguirre, titular del Conadeh.
De igual manera, criticó las falencias en cuanto al respeto de los derechos de los privados de libertad. «La mano dura, creo que es una frase que se tuvo que dejar de utilizar hace mucho tiempo. Vamos a estar encima por la seguridad, no sólo de la población penitenciaria, también del personal penitenciario. No puede haber políticas integrales si no hablamos de seguridad y derechos humanos», puntualizó.
Recordó que sólo el 25% de la población carcelaria forma parte de maras y pandillas; el resto son convictos que no pertenecen a estas estructuras criminales. Son procesados o personas que están cumpliendo penas por diversos delitos, aseguró.
«Cualquier política, estrategia o mecanismo que consideren que se debe aplicar en los centros penales deben tener un enfoque de derechos humanos. El Estado es el garante y esa es su posición de proteger y velar por los derechos humanos», sentenció.
Redacción.– La nueva información que surgió recientemente sobre el caso de la muerte de la fiscal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández Mancía, podría abrir nuevos procesos penales contra las personas que habrían facilitado el encubrimiento del «crimen».
El caso de la muerte de la fiscal de la ATIC ha vuelto a tomar relevancia tras conocerse una investigación difundida por el medio internacional, Infobae, en la que se acusa al ex alcalde de El Paraíso, Alexander «Chande» Ardón, y a Juan Antonio “Tony” Hernández, de ordenar el asesinato de la fiscal.
La fémina, que tenía 28 años de edad en el momento de su deceso, apareció muerta en junio de 2018 en Santa Rosa de Copán. Aunque en un principio se manejó que todo se trató de un suicidio, la investigación policial difundida recientemente expone que en realidad aquello se trataría de un homicidio.
Según Infobae, testigos revelaron que a Sherill Hernández le habrían quitado la vida para detener las investigaciones en las que la agente fiscal estaba embarcada en 2018, las cuales involucraban a narcotraficantes cercanos al expresidente Juan Orlando Hernández, entre ellos Alexander «Chande» Ardón.
Alexander Ardón y «Tony» Hernández habrían ordenado la muerte de la fiscal.
Una de las fuentes anónimas citadas por Infobae relató que la fiscal decomisó varios documentos del palacio municipal de El Paraíso que comprometían a Ardón, por lo que «él y Tony la mandan a desaparecer».
En tal sentido, su caso ha llamado la atención de las autoridades defensoras de los Derechos Humanos en Honduras, señalando que el caso es un ejemplo de la impunidad y de falta de un buen sistema de investigación y justicia en el país.
Luego de conocerse que el ex alcalde Alexander Ardón (acusado de tráfico de armas y narcotráfico por Estados Unidos) y «Tony» Hernández (condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por delitos de tráfico de drogas) serían los autores intelectuales de la muerte de la fiscal Sherill Yubissa Hernández, surge la interrogante de si se reabrirá el caso, o si las autoridades revisarán el dictamen anterior con la posibilidad de ratificarlo.
El abogado penalista, Carlos Alvarenga, explicó en una entrevista con Diario Tiempo que la justicia hondureña «no puede hacer nada». Esto debido a que el acuerdo de extradición no permite iniciarles una nueva causa en el país.
No obstante, detalló que los familiares de la fiscal Sherill Yubissa Hernández Mancía podrían proceder de manera civil para obtener una indemnización.
«Los familiares podrían reclamar los daños y perjuicios para que algunos de los bienes incautados de la OABI pudiera parar a la familia y así indemnizarle por los bienes y perjuicios y todo aquello que ella pudo haber producido a lo largo de su vida», explicó el togado.
De igual forma, detalló que debido a que la ATIC forma parte del Ministerio Público, este podrían enfrentar una demanda por encubrir información.
«Penalmente sí se puede proceder contra aquellos que ocultaron la información, que ocultaron y falsificaron la prueba. Se está mencionando a Tony y al ex alcalde, pero el jefe de ella si no fue autor, fue cómplice, igual los subalternos que ayudaron a construir esa escena de un inexistente suicidio, eso sí podría ser procesado penalmente», comentó Alvarenga.
«Mano criminal»
Tras conocerse los detalles de la nueva investigación de la muerte de la fiscal Hernández, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, manifestó a Diario Tiempo que, como organización de DDHH, desde un principio manejaron la muerte de la fiscal Sherill Hernández como un «atentado contra su vida».
Maldonado recordó el primer informe forense, cuando la Dra. Julissa Villanueva, en ese entonces directora de la Dirección de Medicina Forense, anunció que la muerte de la fiscal habría sido un homicidio. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) anunció de manera oficial que el fallecimiento de Sherill habría sido a causa de un suicidio.
«Cuando escuchamos a la Dra. Julissa Villanueva siempre pensamos y siempre lo establecimos que detrás de esa muerte había mano criminal. Lamentablemente en Honduras la situación de este tipo de eventos en donde participan supuestos agentes del Estado tratan de encubrirse unos con otros y el refrán lo dice: ‘Tigre no come tigre’», aseguró.
Tras las declaraciones de testigos que dio a conocer Infobae, Maldonado comentó que la situación podría abrir una nueva investigación para dar con los actores intelectuales y materiales del crimen. Sin embargo, lamentó que esto podría ser difícil, pues en materia de investigación, en Honduras «todavía andamos en pañales».
«La impunidad que hay en Honduras es la que nos pone en peligro a todos los hondureños», agregó el defensor de los DDHH.
El presidente del CODEH, Hugo Maldonado.
Escaso cuerpo de investigación
Hugo Maldonado resaltó que evitar la recurrencia de este tipo de casos puede resultar complicado por la falta de cuerpos de investigación fortalecidos y equipados con deseos de «hacer las cosas», independientemente de a quién se investigue.
El titular del CODEH resaltó la importancia de tener un cuerpo de investigación que esté dispuesto a conocer la verdad de los hechos y desligado de la autoridad. Esto debido a que «aquí las autoridades ponen la música, la guitarra y el son en que deben de encaminarse las investigaciones«.
«Realmente sentimos que en el Ministerio Público, después de que se arregle el problema laboral que tiene, en la mayor parte de las fiscalías del Estado se debe hacer una cirugía para poder hacer las cosas como se deben de hacer«, manifestó.
Seguidamente, expresó que este caso ha desnudado la impunidad que vive el país y que mientras no exista un buen sistema de justicia con personas deseosas de hacer las cosas bien en el MP «las cosas van a continuar igual, bajo el manto de la impunidad y bajo la potestad que tiene el Ministerio Público de engavetar expedientes«.
Además, aseguró que el actual Gobierno debe tener un «as» de voluntad para evitar que este tipo de actos se cometan en un futuro. «Solo viendo los resultados podríamos decir en el mañana próxima que se están haciendo bien las cosas en materia de justicia», dijo.
Finalmente, reiteró el mal sistema de investigación que existe en Honduras, y acusa a esta problemática de dificultar darle seguimiento a los casos de 2015 a 2017. «Esos ya quedaron para la historia, forman parte de la impunidad en el país«, cerró.
Fotografía en vida de la fiscal Sherill Yubissa Hernández.
Indemnizaciones
En cuanto una posible demanda al Estado de Honduras, Alvarenga explicó que el país podría cobrarle subsidiariamente a los verdaderos autores una indemnización.
Del mismo modo, el penalista detalló que la indemnización podrá lograrse independientemente del Gobierno que se encuentre en el poder. Asimismo, reiteró que respecto al tema penal se debe «dirimir quiénes cometieron el delito y buscar a los demás responsables«.
Finalmente, añadió que entre las indemnizaciones, el Estado presentaría un reconocimiento y pediría un «perdón» por no haber protegido a Sherill Yubissa Hernández y no haber procesado a los involucrados.
Asimismo, detalló que se otorgaría una indemnización económica a la familia de la fiscal por el daño moral y cesante causado.
Tegucigalpa, Honduras.- Sindicalistas de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), junto a exempleados, se han presentando hasta las instalaciones de este organismo en el bulevar Miraflores de Tegucigalpa, exigiendo que se les dé respuesta a todas sus peticiones.
En la manifestación hay varios grupos. Algunos de ellos son simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre), que piden una oportunidad laboral.
Otros protestantes son exempleados que denunciaron mafias dentro de Hondutel y aseguran que por eso los despidieron.
Ellos están exigiendo que se les devuelva su trabajo y acusan a José Antonio Morales, gerente general de Hondutel, de ordenar masivos despidos.
“José Morales hizo despidos ilegales, José Morales está coludido con la mafia y en lugar de denunciarlos y llevarlos a los juzgados, los está protegiendo”, comentó uno de los manifestantes.
Se reportó un zafarrancho en medio de la protesta.
Zafarrancho
En el lugar también habían cuerpos de seguridad de la Policía Nacional, los cuales no permitían el acceso a los exempleados, desencadenando un zafarrancho.
Al no dejarlos pasar, los protestantes comenzaron a empujar a los agentes, quienes trataron de controlar a las personas.
«Nos están agrediendo y no les hemos hecho nada», gritaba una mujer, afirmando que los policías fueron los primeros en empujarlos y que inclusive lastimaron a varios de los periodistas que cubrían la protesta.
Por ahora, los presentes advierten que no se irán del lugar hasta que las autoridades les den una respuesta.
