San Pedro Sula, Honduras. Con candado y completamente vacío se encuentra un predio que hasta hace poco era utilizado por la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la zona conocida como La Frontera, en el sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula.
Según informó HCH, las autoridades militares abandonaron el lugar sin que se conozcan, hasta ahora, las razones.
HCH recorrió la zona este viernes y constató que las instalaciones del «destacamento» que ahí operaba estaban cerradas, sin su rótulo y sin nadie en su interior o sus alrededores.
Quitaron el rótulo que señalaba que ahí estaban los militares.
Residentes de los alrededores dijeron estar preocupados y confirmaron que los militares llevaban varios años instalados en el lugar.
Para ellos, la presencia de los militares en la zona los hacía sentirse más seguros, pues se trata de un sector muy conflictivo donde operan miembros de maras y pandillas.
En la zona también se observan otras viviendas abandonadas.
Sin embargo, no solo en La Frontera sufren este problema, pues también en los Llanos de Sula atraviesan una situación similar. Los ciudadanos indican que los militares también abandonaron esa zona.
Por ahora, las autoridades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) no se han pronunciado al respecto.
Militares se desplegarán en 7 departamentos para combatir criminalidad
La concentración y despliegue de los militares se llevó a cabo en el Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa. La medida la aprobó la presidenta Xiomara Castro en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Los efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se desplazaron ya a siete departamentos: Olancho, Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Copán, Yoro y El Paraíso.
Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades de la Administración Aduanera de Honduras anunciaron la habilitación del Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), que permite la nacionalización de vehículos cuyos modelos sean anteriores al año 2005.
Asimismo, informaron que lo anterior se podrá llevar a cabo con el pago único de 10 mil lempiras. Lo que incluirá la tasa de matrícula del año 2023, que estará vigente hasta 2026.
Por su parte, los vehículos del año 2006 en adelante pagarán conforme al régimen impositivo vigente. Estos deberán pagar de forma normal la matrícula y la tasa municipal.
Lo anterior, luego de la publicación del Decreto 14-2023 en el Diario Oficial la Gaceta N° 36,200 aprobado por el Congreso Nacional. El cual amplía la vigencia de la Amnistía Vehicular contenida en el Decreto N° 15-2022.
Se debe hacer un pago único de 10 mil lempiras.
Vehículos
Roxana Corrales, jefa de Comunicaciones de Aduanas Honduras, expresó que «se ha instruido los ajustes en el sistema SARAH. Para que los importadores hagan uso del beneficio concedido por el Congreso Nacional».
«El cual permite la importación, nacionalización y registro de los vehículos con o sin placas de otros países sin importar el origen, del tipo de vehículo o de la antigüedad del mismo», agregó.
Igualmente, Corrales dijo que «según los registros bajo la amnistía vehicular 15-2022 que concluyó el 04 de abril de 2023 se introdujeron al país 56,906 vehículos de distintos países y origen».
Señalaron que no podrán importarse ni nacionalizarse los vehículos reconstruidos. Es decir, aquellos que hubiesen sido sometido a un proceso de modificación en su chasis o estructura básica; mediante la aplicación de soldaduras eléctricas, autógenas u otras que limiten la seguridad personal de los usuarios.
También, los vehículos que tengan o hayan tenido su timón a la derecha y los vehículos con los títulos de irreparable o chatarras.
El Decreto aprobado concede el beneficio de amnistía vehicular por un periodo de 3 años. Con carácter excepcional a las disposiciones contenidas en el Artículo 21 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos Equidad Social y Racionalización del Gasto Público.
Por lo que los importadores podrán hacer uso del beneficio aduanero a través de las Aduanas Puerto Cortés, Toncontín, La Mesa y Henecán.
Para finalizar explicaron que el pago único de 10 mil lempiras se dividirá el 50 por ciento para la Administración Aduanera; también, el 25 por ciento al Instituto de la Propiedad (IP) y el otro 25 por ciento para la municipalidad.
Tegucigalpa, Honduras. Erick Fernando Martínez García, ciudadano de origen guatemalteco detenido en Honduras con 248 kilos de cocaína, se declaró «culpable» de este delito, según informó el Ministerio Público (MP).
El MP detalló, además, que la Sección de Investigaciones Sensitivas (SIS) de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), logró una pena de reclusión de 11 años para Martínez García.
Además de los 11 años de prisión, el juez con jurisdicción nacional ordenó el pago de una multa de 225 mil lempiras, la inhabilitación absoluta y las penas accesorias.
Al ciudadano guatemalteco Erick Fernando Martínez García se le dio captura en marzo del 2022.
A Erick Fernando Martínez García, a quien se le dio captura el 18 de marzo del 2022. Al sujeto se le encontró el cargamento de cocaína precisamente en la aldea Dos Bocas de Santa Rosa de Aguán, Colón, litoral atlántico del país.
Tras la captura lo trasladaron a Martínez a Tegucigalpa para seguir con el respectivo proceso judicial. En el mismo mes de marzo la fiscalía determinó darle prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas agravado.
El operativo donde se le dio captura al guatemalteco se desarrolló por parte de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), además de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y la Policía de Frontera.
La acción fue gracias a trabajos de inteligencia e investigación, donde se procedió con un allanamiento de morada en una propiedad en la zona de Dos Bocas.
En el lugar se encontraron ocultos bajo la maleza unos 10 fardos de supuesta cocaína conteniendo en medio de sacos rojos y con la marca «elefante».
La droga estaba almacenada en paquetes dentro de unos sacos rojos.
En la acción se le dio captura a Erick Fernando Martínez García y se le imputo el delito de tráfico de drogas agravado. Esta semana en curso se le sometió a un procedimiento abreviado y fue donde aceptó su responsabilidad por los hechos detallados.
Tegucigalpa, Honduras. Las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, en Tegucigalpa, amanecieron cerradas este viernes debido al feriado correspondiente al Día de las Américas, y dejó sin atención médica a decenas de pacientes que acuden ahí a diario.
Los portones del centro asistencial amanecieron con candado y los pacientes permanecen en las afueras del hospital sin poder recibir consulta externa. La respuesta que les llegó desde dentro del hospital fue: «Avisamos por Facebook que hoy iba a estar cerrado».
Los empleados de este centro asistencial arguyeron que anunciaron con anticipación el cierre de las instalaciones, pues por ley les corresponde disfrutar del día feriado.
Pacientes no recibirán atención hoy, unos por feriado y otros por tomas.
Sin embargo, algunos de los pacientes que llegaron en busca de atención médica dijeron no haber visto el aviso, pues no todos hacen uso o tienen acceso a las redes sociales.
Cabe señalar que muchos de los pacientes que acuden al Hospital Mario Mendoza provienen del interior del país. Hoy llegaron desde La Mosquitia, Támara y otras localidades, pero lamentaron tener que regresar otro día.
Otro centro cerrado
Por otra parte, colectivos de Libertad y Refundación (LIBRE), se tomaron hoy las instalaciones del Centro de Salud Alonzo Suazo. Los portones de este otro centro asistencial también amanecieron cerrados con cadenas. Los protestantes colgaron banderas alusivas a su partido político exigiendo destituciones y plazas de trabajo.
Tomado el Centro de Salud Alonzo Suazo.
Debido a la toma del lugar, los pacientes lamentan tener que regresarse a sus casas, enfermos y sin haber recibido atención médica, Pues este centro de salud es uno de los que más se llena en busca de consulta médica; las filas son extensas en ambas jornadas de atención.
«Lo que hacen es injusto. Es cierto, ellos tienen sus derechos pero pueden tomarse otras medidas y no jugar con la salud del pueblo», expresó una madre con su hijo enfermo en brazos.
«Seguimos en este macaneo, que no arregla nada este gobierno. Necesitamos mejoras», expresó otra usuaria del sistema de salud público.
Redacción. Una denunciante acusó de varios delitos a Jorge Alberto Gaitán Castro y Saraí Alicia Hernández Pineda, ambos de nacionalidad guatemalteca, quienes ostentaron la dirección y representación legal de Continental Towers Honduras, S.A. en un periodo de tiempo no especificado en la acusación.
La denuncia refiere los delitos de revelación de secretos industriales o comerciales, daños a datos y sistemas informáticos, administración fraudulenta, falsedad de cuentas, información financiera y usurpación de la personalidad de otros; todos tipificados bajo elCódigo Penal.
Continental Towers Honduras, S.A. forma parte de un conglomerado regional de empresas que cuenta en su estructura accionaria con Latan Towers, LLC (Peppertree Latam) empresa estadounidense y Telecom Business Solution, LLC (Peppertree TBS).
Investigaciones en varios países
Los representantes de la empresa manifestaron que los denunciados están involucrados eninvestigaciones vigentes en varios países por encaminar la venta irregular de empresas a su favor.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, Jorge Alberto Gaitán Castro dirigía a través de Saraí Alicia Hernández Pineda (segunda acusada) las operaciones en Honduras. Ambos se encargaban de atender las negociaciones y acercamientos previos con los operadores de telefonía en las diferentes oportunidades de negocios que se les presentaron.
La denunciante alega que, aprovechándose de sus cargos, estos manipularon, sustrajeron y destruyeron información financiera contable. Asimismo, la información que surge del giro comercial e industrial del negocio, del cual el acceso es restringido y limitado.
Usurpación de cargos
La circulación de esa información en el mercado nacional e internacional les habría representado pérdidas, alegó la denunciante. Gaitán Castro habría usurpado cargos de manera arbitraria frente a terceros, careciendo de nombramientos administrativos y formales como lo prescribe la legislación nacional.
Según la denunciante, Gaitán ha sido respaldado en todo momento e impuesto unilateralmente por la empresa Peppertree. Esto pese a que ésta ha sido siempre informada por la administración de los demás países del conglomerado en la región sobre las irregularidades advertidas en Gaitán Castro y su estructura criminal.
Peppertree también estaba al tanto de todos los procesos investigativos en su contra, sin advertir el riesgo de que esa entidad estadounidense tiene con respecto a sanciones bajo la legislación americana.
Otros procesos penales alegan que Gaitán Castro habría utilizado su posición e influencia para beneficiarse de contratos municipales. También obtuvo beneficios de operaciones financieras fraudulentas al margen de la legislación fiscal pertinente como sujeto no domiciliado.
Investigaciones en proceso
La Policía Nacional de Honduras y la Fiscalía General están llevando a cabo las investigaciones procedentes. Estas buscan determinar la magnitud de las actividades ilegales en las que presuntamente estuvieron involucrados Gaitán Castro y Hernández Pineda.
En las próximas semanas se podrían incluir nuevos cargos contra los sospechosos. Además, no se descarta la posibilidad de iniciar acciones contra terceros, personas que ostentarían cargos superiores a los de los acusados.
Asimismo, manifiestan que existe la preocupación por la posible implicación de más extranjeros en actividades ilícitas en Honduras. En tal sentido, se podría buscar en los procesos investigativos la cooperación entre países hermanos. Involucrados en la lucha contra el lavado de dinero, crimen organizado y corrupción.
Tegucigalpa, Honduras. De acuerdo con la información que trascendió la mañana de este viernes, el comisionado general de Policía, Otoniel Castillo Lemus, habría sido destituido de su cargo al frente de la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Castillo Lemus asumió en el cargo en marzo del 2022. Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Seguridad no han hecho oficial su destitución.
El comisionado policial asumió el cargo luego de que se retirara a las Fuerzas Armadas (FFAA) la dirección del INP y esta pasara a manos de la Secretaría de Seguridad en 2022.
El Comisionado General Otoniel Castillo Lemus asumió como director del INP el 8 de marzo del 2022.
La destitución derivaría de la crisis que actualmente atraviesa el sistema penitenciario nacional, luego de que la semana anterior se suscitaran cuatro reyertas simultáneamente en el interior de igual número de centros penales en el país.
Esta información la harían oficial las autoridades de la Secretaría de Seguridad este viernes. Pues harán un anuncio sobre las nuevas medidas que implementarán para solventar la crisis en el sistema carcelario.
La viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, será la encargada de brindar más detalles en las próximas horas mediante conferencia de prensa.
El pasado lunes se efectuó la destitución del director y subdirector del centro penal de Támara. Ellos son los coroneles Mariano Obdulio Pacheco Flores y Edwar Arnaldo Padilla respectivamente.
Honduras. Quienes deseen solicitar su licencia de arma de fuego deben de cumplir una serie de requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados.
Esta normativa establece que toda persona natural interesada en reglamentar su arma de fuego deberá de realizarse un examen toxicológico para descartar la presencia de cualquier tipo de droga o fármaco en el organismo humano.
Comunicado difundido por la Policía Nacional.
Además, un examen para evaluar la conducta y personalidad del solicitante. Esto con el fin de determinar si la persona es apta para portar un arma de defensa y otros aspectos.
Asimismo, indica que deberán haber aprobado un certificado sobre el manejo de armas de fuego, obligaciones, prohibiciones, medidas de seguridad y otros aspectos contenidos en la Ley, relacionado con la portación, propiedad y uso de materiales regulados y realizados por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.
En relación con lo anterior, tal certificado será requerido cuando sea la primera vez que la persona registra un arma de fuego.
El interesado deberá de presentar constancia de antecedentes penales y presentar formulario, documento o título que acredite la propiedad del arma.
La ciudadanía puede acercarse a las instituciones policiales para informarse más sobre el proceso.
La Policía Nacional invitó a la población a seguir informándose sobre dichas reformas aprobadas por el Congreso Nacional.
Tegucigalpa, Honduras. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reportó al menos 69 detenidos, decomisos de droga, de armas de fuego y dinero en efectivo en el marco de la denominada «Operación Cabañas», que se realizó ayer jueves a nivel nacional.
Elementos policiales se desplazaron a distintos puntos del país para poner en marcha la operación. El objetivo era dar con el paradero y captura de personas con órdenes de captura pendientes y aquellos que tienen vínculos con la criminalidad organizada.
De igual manera, esta acción policial tenía la intención de dar con armas de fuego relacionadas con ilícitos y droga.
La Operación Cabañas registra 69 personas detenidas acusadas del varios delitos.
En tal sentido, la DPI detalló que se desarrollaron las acciones en un término de 12 horas, en los departamentos de Cortés, Yoro, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, El Paraíso, Valle y Olancho, entre otros.
18 armas de fuego de distinto calibre, tanto de uso prohibido, como permitido
Un millón 289 mil 280 lempiras exactos en billetes de distintas denominaciones
Entre los decomisos figuran armas y dinero en efectivo.
Acciones
Además, la DPI destacó que se le dio detención a dos presuntos integrantes de la Pandilla 18, en la capital del país. A ellos se les acusa de extorsión y doble asesinato.
De la misma manera y en Tegucigalpa se le dio captura a un presunto miembro de la Mara MS-13 en posesión de droga.
Mientras tanto, en el noroccidente se registró el arresto de alias «Barney», «El Manteca» y «El Mono». A ellos también se pes presume miembros de la MS-13.
En San Pedro Sula se le dio captura a un presunto miembro de la MS-13.
También, en Masaguara, Intibucá agentes le dieron captura a alias «El Coyote» y se le decomisó un fusil AR-15 y un millón 200 mil lempiras en efectivo.
Otra captura, pero en Yoro, fue la de tres personas a quienes se les decomisó 5 armas de fuego y una cubeta conteniendo supuesta marihuana.
Redacción. Las autoridades del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismológicos (CENAOS) anunciaron que continuaran las condiciones secas con bajas probabilidades de lluvias en la mayor parte del país este viernes, 14 de abril.
Cenaos explicó que las precipitaciones podrían presentarse en región suroccidental del país, producto del transporte de humedad proveniente del Océano pacifico y del mar caribe.
El oleaje en las costas del Pacífico y el Caribe será:
De 1 a 3 pies en el Litoral Caribe.
De 1 a 3 pies en el Golfo de Fonseca.
Condiciones del tiempo para este viernes.
CENAOS comunicó que la salida del sol inició a las 5:36 de la mañana, mientras que la puesta comenzará a las 6:01 de la tarde.
Además, informó que los hondureños en horas de la noche podrán apreciar una Luna llena.
Redacción. Pese al extendido Plan Antiextorsión que implementa el gobierno desde el año pasado, diferentes rutas del transporte de pasajeros continúan siendo atacadas por grupos delictivos que ejercen el cobro de extorsión.
Recientemente, rutas de las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua y Puerto Cortés han paralizado sus unidades a consecuencia de este flagelo. Es más, presuntamente, nuevos grupos delictivos estarían sumando una tarifa más al temido «impuesto de guerra».
El dirigente del transporte, Gerardo Aguilar, considera una «extraña coincidencia» que luego de las reyertas en los centros penitenciarios aparezcan nuevos grupos extorsivos a lo largo y ancho del territorio hondureño.
«Han surgido nuevos grupos criminales exigiendo pago de extorsión. Casualmente todo inició con el tema de los motines en las cárceles, en Semana Santa y hoy nos tiene varias rutas paralizadas», manifestó Aguilar para luego ironizar: «es una coincidencia».
Empleados del transporte viven en zozobra por los atentados que se han registrado en el rubro.
En ese sentido, dijo que aún con las nuevas medidas de seguridad la operatividad de los grupos delictivos sigue igual, «no ha cambiado en nada».
Aguilar aseguró que el Plan Antiextorsión «no ha tenido efecto», porque la extorsión se ha mantenido y en algunos puntos ha tenido una escalada. «Nos sentimos completamente desprotegidos. La respuesta de las autoridades debería mostrarse en acciones, no las hemos visito», indicó.
Agregó: «Sigue habiendo ingobernabilidad de las cárceles, que es donde se generan la mayoría de operaciones. En resumen, simplemente seguimos pagando extorsión y siguen surgiendo nuevos grupos extorsivos».
Depuración
Gerardo Aguilar manifestó que se debe realizar una depuración en el rubro del transporte, porque muchos de sus miembros podrían estar involucrados con grupos extorsionadores.
Asimismo, señaló que debería ponerse en marcha el seguimiento del dinero que entregan mediante varias vías a las estructuras criminales.
«El transporte legal es quien más sufre este tipo de atentados y la paralización de rutas. El transporte ilegal, pues aparentemente no sufre daños», expresó.
Aguilar también aseguró: «No descartamos que exista algún involucramiento, incluso algunos transportistas y seudo dirigentes que están involucrados con estas actividades».
Gerardo Aguilar, dirigente del transporte de personas.
Desde hace unos 15 años, el sector transporte ha sido víctima del cobro de extorsión, lo que ha provocado que la mano de obra responsable haya dado un paso al costado.
«Eso se refleja en los accidentes que se han registrado en la capital, es producto del mal personal. Son gente que no cuenta con experiencia, ni el compromiso, muchos de ellos están involucrados con estructuras criminales. La mano de obra calificada ya no está operando con nosotros, producto de la inseguridad», afirmó.
Finalmente, dijo que se debe poner toda la fuerza uniformada al servicio de la seguridad ciudadana y atender a las familias que han sido víctimas del crimen organizado.
Desertores de la 18 y MS
El director de comunicaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), Mario Fu, confirmó que los nuevos grupos extorsionadores que atacaron recientemente a puntos del transporte son desertores de la Pandilla 18 y Mara Salvatrucha (MS-13).
«Se ha logrado evidenciar y comprobar que son desertores de maras y pandillas. Algún miembro de la MS o de la 18 desertan y pretenden estructurar nuevos grupos criminales para la comisión de este ilícito«, puntualizó.
Detalló: «Se ha logrado evidenciar que algunos transportistas vinculados han pretendido hacerse pasar por miembros de estas estructuras criminales tradicionales para extorsionar».
Mario Fu, director de comunicaciones DIPAMPCO.
Fu dijo que se ha destinado la mayor parte de los recursos destinados a Seguridad en trabajos de inteligencia para enfrentar la extorsión, pero que no ha sido suficiente. Planteó que hace falta implementar medidas como la depuración y certificación del sector transporte.
«No se ha podio depurar y certificar el rubro. Las investigaciones de la DIPAMPCO han evidenciado que conductores, cobradores y despachadores de unidades de transporte están vinculados a estructuras criminales que ejercen el cobro de extorsión», expresó.
Con la certificación de los empleados del transporte, podrán conocer el historial de cada uno de ellos y si tienen vínculos ilícitos.
Organismos de DDHH interceden para que presos tengan acceso a llamadas
Los miembros de estructuras criminales continúan coordinando las acciones desde los centros penales, así lo confirmó Mario Fu.
«Dentro de los centros penales hay algunos aspectos sensibles y problemas que se han suscitado. Es una realidad siguen saliendo llamadas desde loscentros penales«, confesó el de la DIPAMPCO.
Con la nueva intervención se buscarán nuevas soluciones a las recientes reyertas. «En este caso, organismos de derechos humanos han mantenido un espacio para tratar de mantener que los privados de libertad tengan acceso a llamadas, (pero) se van a buscar algunas soluciones», explicó.
Esperan mayores resultados
Sobre el tema, el analista Edgar Soriano opinó que se esperan mayores resultados del Plan Antiextorsión y, de no tenerlos para finales de 2023, se deben aplicar nuevas medidas, encaminadas a la prevención y generación de oportunidades.
Soriano apuntó que la extorsión es un problema estructural que se debe abordar desde distintas áreas, no únicamente desde la fuerza policial.
«El tema del transporte es un gran reto que tiene el Gobierno de la Republica para ver de qué manera se desmantela una serie de intereses e intrigas de corruptela que hay alrededor de las estructuras de transporte», remarcó el analista.
«El plan de saneamiento probablemente nos lleve años, pero que por lo menos garantice a todos los hondureños que se avanza por buen camino», enfatizó Soriano.
Edgar Soriano, analista.
Seguidamente, afirmó que ha visto deslealtad en la competencia dentro del rubro del transporte. «Hay mucho gato encerrado en cuanto a nuevos empresarios del transporte. A pocos días de comenzar operaciones, llegan individuos y disparan contra sus unidades y conductores», denunció.
Exigencias
Entre las exigencias de los transportistas están las reformas al Código Penal y otros delitos conexos como terrorismo, asociación ilícita y lavado de activos.
Asimismo, piden a las autoridades un control de acceso en los centros penales, bloqueo de las comunicaciones y una investigación forense del dinero de extorsión.
Exigencias de los transportistas.
También demandan que se reactiven las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y la reactivación, fortalecimiento y reorientación de la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano.
Finalmente, sugirieron la creación de una aplicación para que funcione como botón de pánico para generar alertas por parte de los usuarios y pilotos.
