Honduras.- La Mesa Nacional de Derechos Humanos solicitó a las autoridades gubernamentales hondureñas que una comisión internacional investigue la crisis carcelaria en el país.
Pidieron a la presidenta Xiomara Castro que cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para enfrentar el problema de la violencia en las cárceles.
Asimismo, expresaron su preocupación por el incumplimiento por parte del Estado de la separación de personas privadas de libertad procesadas y condenadas.
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Además de la separación de procesados y condenados, pidieron la «clasificación atendiendo otros criterios reconocidos en el sistema internacional, que permita una gestión penitenciaria conforme con los estándares internacionales de derechos humanos y reduzca la violencia».
Seguidamente, la Mesa Nacional de Derechos Humanos se solidarizó con los familiares del preso que murió en la reyerta acaecida en el centro penal de Ilama, El Pozo.
«Ante esa realidad, demandamos de forma urgente que se realice una investigación con una comisión independiente, constituida por organismos nacionales e internacionales para identificar a los responsables de los hechos y deducir responsabilidades para evitar que los hechos se repitan», subrayó.
Intervenciones de cárceles han sido una respuesta violenta
Por otra parte, la Mesa Nacional de Derechos Humanos dijo que las comisiones interventoras o la militarización que utilizaron los gobiernos anteriores son «una respuesta violenta a la violencia»
«Esas medidas han demostrado estar lejos de resolver la problemática», señala el ente. Apuntó que la intervención no sólo debe responder a situaciones coyunturales, sino que debe presentar soluciones a largo plazo.
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Tras las reyertas en las cárceles de Honduras, la presidenta Castro anunció la intervención de las mismas bajó una medida de «manos dura».
En ese sentido, la Mesa Nacional de Derechos Humanos pidió a Castro explicar en cadena nacional a qué se debe la intervención. «Que realice una depuración inmediata de todas las personas involucradas en violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad», concluyó.
