Redacción. La violencia en contra de los menores de edad continúa imperando en el país, que ya registra al menos 274 muertes violentas de menores en los primeros meses de 2024, según el director ejecutivo de la Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez.
La alarmante cifra ha generado preocupación en la población hondureña y en organismos de protección de la niñez y adolescencia que hoy claman justicia.
«Andamos en un promedio de entre 50 y 60 muertes violentas mensualmente a pesar de un estado de excepción y de algunas medidas que se han tomado en el marco del actual Gobierno de la República», externó Vásquez.
Del mismo modo, indicó que los departamentos con mayor número de muertes violentas de menores de edad son: Francisco Morazán, Cortés y Olancho. Además, que en 2022, Honduras registró la muerte violenta de 569 niños, niñas y jóvenes; mientras que en el 2023 se contabilizaron 713, según cifras de la Red Coiproden.
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Muerte de menores
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) registró, entre 2020 y mayo de 2024, alrededor de 15,400 muertes violentas, de las que 969 eran niños, niñas y adolescentes. De éstos, 720 tenían una edad entre los 15 y 18 años.
«Honduras se ha convertido en un país altamente peligroso para los niños, niñas y adolescentes, eso nos debe alertar como sociedad y como Estado para tomar las medidas preventivas correspondientes y evitar la muerte violenta de nuestra niñez«, dijo la coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, Cándida Maradiaga.
Expuso que se debe hacer un trabajo importante desde las instituciones que tienen responsabilidad de proteger los derechos de la niñez para ejecutar las estrategias que correspondan y evitar que más niñas, niños y adolescentes pierdan la vida en circunstancias violentas.
Maradiaga subrayó que otra de las preocupaciones del Conadeh es el alto nivel de impunidad, que ronda el 95 % de casos, de lo que se aprovechan los agresores para seguir cometiendo crímenes contra los menores.
Menores infractores
Recientemente, Honduras registró la muerte violenta de dos menores infractores (13 y 17) en el Centro Pedagógico de Internamiento «Nuevo Jalteva», en Francisco Morazán. Decesos que generaron alarma debido a que esas muertes ocurrieron en menos de una semana.
En cuanto a esas muertes, Wilmer Vásquez, indicó que «nosotros como organizaciones de la sociedad civil lamentamos profundamente este tipo de acontecimientos en un centro de internamiento».
Asimismo, señaló que «entendemos que a veces situaciones de esta naturaleza se pueden salir de nuestras manos y esto lo que nos da es la posibilidad de reconsiderar algunas de las acciones que se han venido desarrollando dentro del centro».
En ese sentido, recomendó «dar paso al fortalecimiento del personal, sobre todo, ampliar el número de personas que puedan estar dentro del cuidado y de la protección de las niñas y los niños«.
«Poder dar paso a los protocolos de atención para poder garantizar esa seguridad a lo interno de los centros y sin duda alguna se debe de tomar otro tipo de decisiones para poder cambiar esta realidad que se está viviendo en este momento», detalló.
Crisis en el sistema de justicia juvenil
Por su parte, Cándida Maradiaga, concordó con Vásquez sobre la importancia del número de personas para el cuidado de menores infractores en ese y todos los centros a nivel nacional. «La contratación de personal suficiente y especializado para este centro y el resto de centros pedagógicos», añadió.
Sin embargo, indicó que para el Conadeh «es una verdadera tragedia lo que ha pasado en el centro Nuevo Jalteva, dos muertes en menos de 5 días. Eso significa que el sistema de justicia juvenil está en una verdadera crisis y por lo tanto se deben de tomar medidas urgentes».
Recuperar «la gobernabilidad de cada uno de estos centros particularmente centro Nuevo Jalteva; la implementación de protocolos de gestión y atención que fueron elaborados precisamente para generar condiciones para un verdadero proceso de reeducación y reinserción social», expuso.
Además, dio a conocer que el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (Inami), quien posee la dirección de ese centro pedagógico, «tiene bajo la custodia del Estado aproximadamente 125 adolescentes». Por lo tanto, el «gobierno debe de procurar todas las condiciones para proteger la integridad física de los adolescentes que están bajo su custodia», apuntó.
Muerte de estudiante
Otra de las muertes violentas en contra de menores que ha generado preocupación en la población es la de Richard David Ávila Nieto (14), estudiante del Instituto España «Jesús Milla Selva, quien fue asesinado en las cercanías de su centro de estudio en la colonia Kennedy de Tegucigalpa.
Durante el velorio del joven, su madre, Margarita Yolizeth Nieto Palma, exigió a las autoridades respuestas y que se investigue el caso con profundidad para que los responsables de quitarle la vida a su pequeño paguen con cárcel.
«Yo solo pido justicia, porque lo que hicieron con mi hijo es una injusticia, mataron a un inocente lleno de muchos sueños y metas. Él era mi único hijo, me quitaron la única razón para vivir. No tengo miedo, y si mi vida vale un tiro en la cabeza como el que le dieron a mi hijo por pedir justicia, pues ni modo», manifestó.
Ingreso de personas ajenas a los colegios
En cuanto a esa muerte, el dirigente magisterial Eulogio Chávez lamentó que situaciones como esas estén ocurriendo con alumnos de los colegios públicos del país. Al igual, que espera que se investigue a profundidad y que esa muerte no quede en la impunidad.
En ese contexto, expuso su preocupación sobre el ingreso de personas ajenas a la institución, situación que en muchas ocasiones deriva en ese tipo de muertes. «Creo que en los centros educativos hay que tener un poco más de cuidado en los portones de entrada y salida porque a veces ingresan personas, muchachos jóvenes, que no son estudiantes y entran con el uniforme».
Además, que la Secretaría de Educación debería de implementar medidas para evitar ese y otro tipo de hechos en los centros de estudio. «Al implementar una buena disciplina en el centro educativo se mejoran tantas cosas como por ejemplo la venta de drogas (…) quienes las venden son personas ajenas a la institución, pero sí muchachos de la misma edad y que ingresan identificados como alumnos del centro», explicó.
A pesar de los esfuerzos que el gobierno realiza para garantizar la seguridad de los menores de edad, la violencia en contra de los niños, niñas y jóvenes persiste, la cual le ha quitado la vida a más de 1,500 menores entre 2022 y mayo de 2024.
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