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viernes, mayo 17, 2024

Expertos advierten sobre las consecuencias por problemas en 911

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Expertos en seguridad manifestaron que la falta de servicio del Sistema de Emergencia 911 deriva una situación alarmante que podría aumentar el índice de criminalidad en el territorio nacional. 

En este sentido, Diario Tiempo consultó con el abogado penalista, Marlon Duarte, sobre las consecuencias que podría acarrear esta situación en el país.  

“Los crímenes, igual que las sociedades, evolucionan”, explicó el experto en leyes.  

De igual manera, Duarte detalló que la falta de este sistema de emergencias genera un efecto negativo en el país.  

“El hecho de no tener un sistema de cámaras, creo que le genera un prejuicio grande al país. El delincuente por lo menos se daba cuenta que tenían cámaras y lo pensaba dos veces”, expresó.  

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Asimismo, el jurista indicó que muchos de los crímenes en el territorio nacional se realizan en zonas que no tienen este tipo de tecnología, por lo que manifestó que estar sin las cámaras es “fatal”. 

“La mayoría de los crímenes se dan en lugares que no tienen acceso a esa tecnología. Por lo tanto, el hecho de estar sin eso es fatal”, declaró.

Consecuencias seguridad pública 911
Hasta el momento, las cámaras siguen sin funcionar, sin embargo, están trabajando en recuperar el sistema.

Del mismo modo, el abogado penalista manifestó que no solo afecta la criminalidad del país, ya que ninguna emergencia puede ser atendida. 

“No solamente por un crimen, sino que por una emergencia. Una persona de un derrumbe, una colonia, una persona que se lo llevó el río. En todos los países existe el 911”, señaló.  

Además, Duarte explicó que no es posible que el sistema de emergencia tenga más de un día con problemas en su funcionamiento. 

“No sería humanamente posible, eso debería de estar funcionando desde ayer, porque el crimen no para. El crimen no tiene hora ni feriados”, detalló.  

Afectados  

De igual manera, Duarte manifestó que el funcionamiento de este servicio es una prioridad en las principales ciudades del territorio nacional.  

“Yo prefiero que no haya luz en un determinado lugar a que se suspenda el 911. En los lugares de concentraciones de población como Tegucigalpa y San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, es algo inobjetable”, aseguró 

También, agregó que era preferible mantener el sistema de emergencia operando, que cancelarles el salario a los diputados del Congreso Nacional (CN).  

“Es más importante ese tipo de servicios que pagarle el sueldo a un diputado. Es decir, vamos a dejar de pagarle un mes a los diputados para que le paguen a esta empresa”, detalló.  

Burocracia 

De igual manera, el jurista indicó que la burocracia no debería de ser un problema para solventar la situación actual que sufre esta institución.  

“Si hay mucha burocracia para pagarle a esta gente o no se ha firmado el contrato, emitir un decreto de emergencia por parte del Ejecutivo es válido. Porque hay una clara justificación de que hay algo importante, la seguridad del pueblo”, explicó. 

Asimismo, el abogado penalista indicó que finalidad del Estado es la persona humana, tal como lo establece la Constitución de la República.  

“La Constitución es clara, el fin primordial de todo Gobierno es la persona humana. Eso quiere decir que hay prioridades. Yo creo que nadie le va a decir o achacar ninguna objeción que la Presidenta emita un decreto de emergencia”, detalló.  

En este sentido, Duarte opinó que ningún grupo o sectores del país debería de oponerse a darle ese trato a la situación. 

De igual manera, el abogado aseguró que está situación agravaría los problemas que enfrenta el departamento de investigación de crímenes en Honduras. 

Delincuencia 

“Creo que esta es una situación más que nos lleva a decir que la delincuencia nos está aventajando. Si de por si estamos mal en la investigación, ya sin ese servicio va a ser imposible investigar un delito”, indicó. 

Por lo tanto, Duarte manifestó que las autoridades deben de solucionar la problemática de manera inmediata.  

“Creo que el Estado debe solucionar eso y pagar de manera inmediata a estas personas”, explicó.  

Consecuencias seguridad pública 911
De acuerdo con los expertos, la falta de atención en el 911 tiene consecuencias negativas en la sociedad.

Diario Tiempo también consultó al experto en temas de seguridad, Edgardo Rodríguez, sobre la consecuencia principal de la falta de este servicio.  

“Primero, las cámaras no están funcionando. Si hay algún delito que se cometa en la vía pública, no se va a poder grabar”, detalló.  

Asimismo, Rodríguez explicó que la actividad delictiva que se realice en estos días no quedará registrada para investigaciones.  

“Desde ahí tenemos un serio problema de seguridad y de falta de registro de delitos o de accidentes en la vía pública”, detalló.  

También, el experto indicó que no solamente los crímenes, ya que esta dependencia atiende toda clase de emergencias. “La otra cosa que es grave, es que el 911 sirve para llamados de emergencia, gente que se accidenta, gente que está enferma”, detalló.  

Consecuencias graves 

De igual manera, Rodríguez explicó que las consecuencias no solo tienen un impacto en materia de seguridad y que afectan cualquier situación de emergencia que padezcan los hondureños. 

“Las consecuencias son graves en materia de seguridad, en materia de vialidad, en materia de urgencia que la población tiene”, explicó.  

Contratos  

En este sentido, Rodríguez indicó que las autoridades del Gobierno central debieron saber que el contrato tenía vicios de nulidad con anticipación.  

“Es una situación lamentable, que se haya caído, en una falta de arreglos con la empresa que suple ese servicio, el soporte tecnológico. Si el contrato tenía vicios de nulidad o fallas, con tiempo debió haberse previsto”, externó. 

Asimismo, el experto en seguridad manifestó que el accionar de las autoridades ha sido irresponsable. 

“Hay una falta de previsión para renegociar el contrato o si no tener una alternativa. Entonces, este Gobierno sigue actuando de manera irresponsable”, aseguró.  

Del mismo modo, el experto utilizó la misma palabra para calificar la situación, ya que considera que tuvieron tiempo para analizar el contrato y solventarlo con anticipación.  

“Irresponsable también es la palabra que se puede usar para calificar el que hayamos caído en esto. El Gobierno dice que el contrato tiene vicios, bueno, entonces con tiempo debieron de haber subsanado con la empresa”, detalló. 

Consecuencias seguridad pública 911
El Sistema Nacional de Emergencia 911 recibe diferentes denuncias y solicitudes de auxilio.

Alternativa 

Además, Rodríguez dio a conocer que se tuvo que tener una alternativa y una planificación por parte de las diferentes instituciones del Estado.  

“Debió haberse organizado una alternativa y no caer en la situación de falta de servicio que tenemos ahora. Sigue incurriendo en falta de irresponsabilidad de Gobierno, falta de previsión y planificación de las distintas instituciones del Estado”, aseguró.  

Impacto directo a los hondureños  

En este sentido, el experto manifestó que una de las consecuencias más grandes y directas que tendrá la población es la falta de registro de todas las actividades criminales que se realicen.  

“Vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos. No habrá registro de actos delictivos que se realicen, no habrá registro de los accidentes de tráfico y tampoco tendremos el servicio de las personas del 911”, indicó.  

Asimismo, Rodríguez explicó que esta situación puede desencadenar un incremento en la impunidad y la inseguridad. 

“Se van a agudizar estos problemas por la falta del servicio. Los servicios que presta esa plataforma y al no prestarse, habría impunidad, inseguridad ciudadana, va a haber desatención a las necesidades”, detalló.  

Debido a esto, el experto exteriorizó que la situación actual de Sistema Nacional de Emergencia 911 es alarmante, debido a que afecta la funcionalidad de otras dependencias.  

“Entramos a una situación realmente alarmante en el país”, aseguró Rodríguez.

Consecuencias seguridad pública 911
Las cámaras de seguridad han captado múltiples accidentes en las diferentes ciudades del país.

 

Sin cámaras 

Del mismo modo, Rodríguez dijo que los grupos criminales en el país podrán operar sin preocupaciones durante no haya sistema, aumentando la inseguridad en el país.  

“Ahora que ya es público, que todos los medios de comunicación han informado que las cámaras no están funcionando, los delincuentes van a actuar con total tranquilidad e impunidad al saber que no los están grabando”, explicó. 

Incapaz 

En este sentido, el experto en seguridad manifestó que el Gobierno debió tomar acciones desde el mes de febrero y evitar que se llegara hasta el punto crítico en el que se encuentra. 

Además, Rodríguez añadió que la administración actual está haciendo las cosas de manera “improvisada”, lo cual se refleja en las instituciones estatales.  

“Estamos ante una administración totalmente improvisada y que cada vez da muestra de no estar conduciendo adecuadamente las instituciones”, detalló. 

Sin servicio

Líneas telefónicas y cámaras del Sistema Nacional de Emergencia del 911 dejaron de funcionar desde el miércoles 31 de agosto debido a que la empresa encargada de su operatividad, el integrador, se niega unilateralmente a renegociar el contrato con el Gobierno, lo que podría causar severos perjuicios al país, puesto que el sistema fue creado como un servicio público y de seguridad nacional.

Según se informó, se han presentado fallas en los centros regionales de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Choluteca y Tela, entre otros lugares.

En primera instancia, trascendió que estas fallas se deben a una deuda millonaria que el 911 tendría con la empresa proveedora del servicio de tecnología Dinamic.

Además, aseguraron que los empleados no han recibido el pago de su salario. Luego de que la información se difundiera en redes sociales y medios de comunicación, las autoridades del 911 publicaron un comunicado para aclarar la situación.

En este sentido, indicó que la interrupción del servicio se debe a una decisión unilateral de la compañía proveedora al no aceptar una nueva negociación para reducir los costos
elevados.


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