Redacción. La nueva extensión del estado de excepción, el cual suspende algunas garantías constitucionales de los ciudadanos, fue publicada ayer viernes en el Diario Oficial La Gaceta.

De acuerdo con fuentes oficiales, la medida se extiende desde las 6:00 p.m. del pasado jueves 4 de julio hasta las 6:00 p.m. del domingo 18 de agosto de 2024. La disposición se mantiene en 226 municipios del territorio nacional.

Por su parte, el ministro de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que esa medida ha permitido una reducción en la tasa de homicidios. Al igual que, la captura de más de 3 mil miembros de diferentes estructuras criminales.

Aunque el funcionario policial aseveró que el estado de excepción es efectivo, algunas instituciones rechazan contundentemente esas declaraciones. Entre ellas, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el estado de excepción en Honduras suspende los derechos de:

-Libertad personal.

-Libertad de asociación, reunión y circulación, entre otros derechos fundamentales.

Además, otorga facultades a la policía para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.

El ente internacional ha cuestionado la medida porque el derecho internacional de los derechos humanos requiere que cualquier suspensión de derechos fundamentales sea estrictamente temporal, proporcional y limitada a las exigencias de la situación. Cualquier extensión debe ser objeto de un análisis profundo y basado en los derechos humanos.

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Estado de excepción

El Conadeh presentó un informe que señala que desde el 6 de diciembre del 2022, cuando entró en vigor la medida, Honduras fue escenario de al menos 60 muertes múltiples, de tres o más víctimas. Esos hechos violentos dejaron como saldo, al menos, 260 muertos y decenas de heridos.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades hondureñas para que eliminen el decreto que da vida al estado de excepción. Además, sugirió que el problema de la inseguridad lo aborden de manera razonable, a través de una verdadera política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y de género.

Por su parte, el exjuez de los tribunales de sentencia del Poder Judicial, René Altamirano, externó que «con sinceridad, no he visto estadísticas confiables de que este mecanismo está dando resultados. Más bien he escuchado quejas de que plantan elementos de prueba, droga, que se le pone a la gente que no le encuentran algo, una justificación para enjuiciarlo o detenerlo».

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