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viernes, abril 26, 2024

ONU preocupada: 35 % de Honduras puede quedar bajo régimen de las Zede

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REDACCIÓN. Mediante un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado a Honduras para revisar la compatibilidad del marco constitucional y legal de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Primeramente, el organismo indica que su implementación puede implicar serios riesgos al cumplimiento de la obligación del Estado de Honduras.

Indicaron que lo más importante debe ser garantizar y respetar los derechos de cada habitante.

En consecuencia, mencionan que aproximadamente el 35 % del territorio hondureño correspondiente a las zonas de baja densidad poblacional pueden quedar a disponibilidad del régimen de las ZEDE.

Según la ONU, esas zonas son los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y Mar Caribe (Valle, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios).

Además, mencionaron que en esas regiones hay población indígena y afrodescendiente con antecedentes de conflictos territoriales.

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Preocupación de parte de la ONU

«Es de especial preocupación la falta de consulta libre, previa e informada en las zonas en que se instaló la ZEDE Próspera, también, la falta de protección del derecho a la propiedad y acceso a la tierra de las comunidades locales», reza el comunicado.

Por último, acotaron que hay que prestar atención a la desregulación y posible privatización de los servicios públicos (salud y educación).

«Las comunidades afectadas por la ZEDE Próspera han denunciado la falta de participación y desinformación con respecto al proyecto, generando incertidumbre«, indicaron.

También, a los departamentos mencionados se les atribuyó como los colectivos históricamente más desfavorecidos del país.

El llamado para Honduras

«La ONU hace un llamado respetuoso al Estado de Honduras para que revise la compatibilidad del marco constitucional y legal de las ZEDE«, especificaron.

Recalcaron que el fin primordial era garantizar los derechos humanos, consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

«Se insta al Estado a explorar alternativas que favorezcan el crecimiento económico inclusivo del país a partir de un modelo de desarrollo equitativo, sostenible e igualitario», concluyó el comunicado.


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