HOUSTON, TEXAS. El hondureño Santos Orellana Hernández, de 47 años, se declaró culpable de pagar a Gustavo Ramírez, un sicario en Honduras, para matar a los familiares de su entonces esposa, Edith Argueta Vásquez, con quien residía en Port Arthur, Texas, una ciudad ubicada al este de Houston.
Según la confesión del connacional, de enero a marzo de 2020, Hernández contrató a Gustavo Ramírez para ultimar a la mamá y a un hermano Argueta una vez terminara el proceso de divorcio que la pareja llevaba a cabo.
Univisión, además, informó que el hondureño también ordenó matar a otras dos personas que también estaban relacionadas con la mujer: su exnovio y la madre de él. Le ordenó que los matara después del 21 de abril de 2020, fecha en la que quedaría terminado el proceso de divorcio.
La Fiscalía comprobó que Hernández ofreció L. 200,000 a Ramírez (unos 8,000 dólares) después de recibir fotografías como pruebas de los crímenes.
Sicario delata al hondureño
Después del primer contacto, Ramírez grabó una llamada que le hizo a Hernández y después se la envió a las autoridades federales para delatar los planes de la operación.
En la llamada, ambos hombres discuten cómo se haría el asesinato y usan la palabra «plantar el maíz» como una frase clave. Ramírez le dijo a los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que «plantar el maíz» significaba enterrar los cuerpos de las víctimas.
El 20 de mayo de 2020, Santos Orellana Hernández fue acusado de uso de instalaciones comerciales interestatales en la comisión de asesinato a sueldo.
En junio, mientras estaba encarcelado, se supo que conspiró con otra persona para intimidar a Edith Argueta Vásquez, su exesposa, para que retirara la acusación de asesinato a sueldo. El 4 de noviembre de 2020, se le agregaron los cargos de manipulación de testigos.
En noviembre del 2021, un gran jurado federal emitió una acusación de reemplazo que agregó cargos de conspiración y manipulación de testigos. El viernes Orellana Hernández se declaró culpable de esos delitos y de contratar a un asesino a sueldo. El hombre podría pasar hasta 20 años en una prisión federal.
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