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viernes, mayo 10, 2024

Piden orden de captura para excomisionado y exdirector de la Policía Nacional

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Los abogados Dora del Carmen Ramos y Fernando Gonzáles, apoderados legales de Eduin Iván Archaga, han solicitado este jueves una orden de captura en contra del exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Ricardo Ramírez del Cid, y también contra el excomisionado de la Policía, Henry Osorto Canales.

A los dos antiguos miembros de la Policía se les supone responsables de dos delitos de calumnia por publicidad en perjuicio del excomisionado Eduin Iván Archaga.

Ramírez del Cid y Osorto Canales aseguraron que estaban siendo víctimas de una persecución liderada por el Mayor de Caballería, Archaga.

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«Solicitamos con el respeto que nos caracteriza se libre orden de captura contra los señores Ricardo Ramírez del Cid y Henry Osorto Canales», dice el documento.

El escrito explica que Ramírez y Osorto no han comparecido ante el Tribunal en las dos audiencias de conciliación a las que han sido citados.

La primera audiencia fue el 7 de diciembre de 2020 y la segunda el 13 de enero de 2021. En ambas citaciones, ninguno de los exfuncionarios de la Policía se presentó.

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Según la solicitud, no ha sido posible localizar a Ramírez del Cid ni a Osorto Canales en la dirección indicada. Sin embargo, también se les notificó de las audiencias a través de edictos «tal cual lo expresa la normativa penal».

Ya que ambos han ignorado la citación, los apoderados legales de Eduin Iván Archaga solicitan que se les declare en rebeldía y se libre orden de captura en su contra.

Fundamentos

Los abogados del afectado explican que la solicitud está fundamentada en el Artículo 80 de la Constitución de la República y el 108 y 157 del Código Procesal Penal.

Ramírez del Cid fue director de la Policía durante dos años y medio entre los años 2013 y 2014.

Ricardo dejó el cargo por orden del presidente de Honduras durante el periodo 2010-2014, Porfirio Lobo Sosa. En su lugar fue nombrado el comisionado Juan Carlos «El Tigre» Bonilla Valladares.

Ramírez fue cuestionado por diferentes sectores de la sociedad civil, ya que bajo su gestión fue asesinado Alfredo Landaverde.

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