AFP. La justicia uruguaya condenó a siete integrantes de una banda dedicada a falsificar y vender títulos de prestigiosas universidades internacionales, y librará una orden de captura para varios implicados en la maniobra en el exterior.
El líder de la parte uruguaya de la organización, oriundo de la localidad de Juan Lacaze, en el departamento de Colonia, fue condenado esta semana a cuatro años y medio de prisión por los delitos de asociación para delinquir, estafa y lavado.
El acusado «adquirió una serie de dominios y creó una serie de páginas web (…) desde las cuales ofrecía (…) cursos a distancia, otorgando los correspondientes certificados» falsos, de acuerdo al dictamen fiscal con la descripción de los hechos.
También «adulteraba el logo de las universidades (…) y en varios de los certificados utilizaba los sellos de Unesco que eran apócrifos», además de asegurar falsamente que el sitio contaba con el aval del Ministerio de Educación y Cultura uruguayo.
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Entre otros institutos de enseñanza, se clonaron los sitios web de la Universidad San Juan de la Cruz y la Universidad Empresarial (UNEM), ambas de Costa Rica, así como de la Universidad Panamericana de México.
Otras seis personas fueron condenadas a entre tres y 16 meses de libertad a prueba. La investigación «Operación Fraude Universitario» comenzó en mayo de 2018, tras la denuncia de nueve estudiantes extranjeros que habían pagado para cursar distintos posgrados.
De acuerdo a la Fiscalía de Rosario, en Colonia, mediante esta maniobra se logró el lavado de más de un millón de dólares. Además, se cree que con esa suma adquirieron inmuebles y automóviles de alta gama.
«Estoy convencida de que esto es una organización internacional. No es un negocio que se le ocurrió a quien comete el autolavado acá en Uruguay. Pretendemos incautarles alrededor de US$ 1.000.000 «, dijo la fiscal del caso, Sandra Fleitas.
Uno de los indicios que maneja es un chat en inglés entre el líder uruguayo de la banda y un hombre alemán. «En el chat se nombra a otras personas que, también estarían realizando este tipo de maniobras en otras partes del mundo».
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Por eso, «desde la Fiscalía voy a solicitar orden de captura internacional para otras personas que ya tengo evidencia de que tienen conexión con estos hechos», indicó Fleitas.
Finalmente, explicó que la banda cobraba entre US$ 2.500 y US$ 4.500 por cada certificado falso.
