TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Procuraduría General de la República (PGR) instó al Ministerio Público (MP) a empezar la incautación de los bienes del expresidente y extraditable, Juan Orlando Hernández (JOH).
Estos bienes estarían ubicados en varias zonas del país como la ciudad de Gracias en el departamento de Lempira y Francisco Morazán.
El ex presidente hondureño se presentó ayer, miércoles, a comparecer en su audiencia de proposición y evacuación de pruebas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tras el proceso y una vez concluido, el juez natural que conoce el caso dio luz verde a la extradición.
Tras la decisión del juez, la PGR pide que se le incauten todos los bienes al exmandatario, para proceder con la respectiva investigación.
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Petición de la PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) pidió a través de un escrito enviado al fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, que se inicie con el respetivo aseguramiento e incautación de los bienes del ex mandatario hondureño.
«El suscrito procurador de la República, en cumplimiento a las atribuciones contenidas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la PGR, en aras de velar y defender los intereses del Estado de Honduras, le insto a que proceda de manera inmediata a solicitar ante el órgano jurisdiccional competente medidas de aseguramiento e incautación de todos los bienes que posea a su nombre el ciudadano Juan Orlando Hernández«, señala la nota.
Además, el escrito destaca que la petición de iniciar con la incautación es porque a JOH lo solicita Estados Unidos en extradición. De la misma manera, indica que el juez ya dio la luz verde para proceder.
Asimismo, la petición que hace la PGR es en el marco de la aplicación del artículo 7 numeral 2, inciso C de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que ya ratificó el Estado de Honduras.
Por último, la nota de la PGR dice que se atienda el llamado constitucional que se ha concedido al órgano para velar y defender los intereses del Estado. Por lo anterior, solicitan la aplicación de los artículos 8, 32 y 32 de la Ley de Privación de Dominio.
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