Tremenda alharaca se ha hecho en relación con la declaración de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación de Honduras y la investigación preliminar acerca de “los crímenes alegados (que) podrían constituir crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma de la CPI”.
La fiscal dela CPI, Fatou Bensouda, ha sido suficientemente explicita en su Declaración sobre la base del examen preliminar de la situación de Honduras al respecto, iniciado en noviembre de 2010, a consecuencia del golpe de Estado 28-J, de 2009, y los crímenes cometidos por el gobierno en el interregno golpista.
La cuestión es, que si bien es cierto que la represión criminal de ese infortunado período de nuestra historia política no alcanza la tipificación de “crímenes de lesa humanidad”, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma, eso “De ninguna manera minimiza los crímenes cometidos en Honduras o el impacto que tuvieron para las víctimas”.
Así lo determina la fiscal Bensouda con toda claridad, quien, a lo largo de su Declaración insiste en que “es preciso recalcar que la definición de los crímenes de lesa humanidad prevista en el Estatuto de Roma impone estrictos requisitos legales que distinguen esta categoría de crímenes de aquellos originados en un contexto de violencia general, crónica y estructural”.
Una respuesta similar ha dado la CPI ante la denuncia de crímenes de lesa humanidad cometidos en el gobierno de Uribe, en Colombia, que, efectivamente, sobrepasan el horror con la modalidad espantosa de los “dobles positivos” y las fosas comunes de centenares de cadáveres encontrados y otros todavía por desenterrar. Crímenes cometidos ante la mirada impávida del hegemonismo imperial.
En el caso de Honduras, el cierre del examen preliminar de la CPI no implica, de ningún modo, la exoneración de responsabilidad sobre los crímenes perpetrados por el gobierno en el período citado, y los que han continuado sucediendo hasta la fecha. Es una responsabilidad sin prescripción, desde el punto de vista legal, y, por lo tanto, susceptible de ser deducida en el futuro.
Quienes, como el general (r) Romeo Vásquez, aplaude la Declaración del CPI de referencia, simplemente se engaña a sí mismo, y, maliciosa pero ingenuamente, pretende engañar a los demás al pretender, para contento de bobos, que “la Corte Penal Internacional nos da la razón y aquellos que dijimos se llevaron un gran revés”.
“La verdad siempre sale a relucir al final prosigue el general de marras porque los grupos de derechos humanos, como reciben dinero internacional, trataron de vender ideas falsas a la comunidad internacional y para lograr sus objetivos crean historias”.
El juicio de la Historia, sin embargo, está todavía pendiente, aun cuando ya existe una percepción condenatoria en la mente nacional. En efecto, al final la verdad sale siempre a relucir e impone la justicia. Ese proceso no se detiene, con resultados tal vez tardíos, pero inexorables.
