ATLÁNTIDA, HONDURAS. La Policía Nacional arrestó a un ciudadano extranjero por «el delito de ‘cohecho’ en perjuicio de funcionarios policiales«, es decir, intentó sobornar a unos oficiales, aunque no se especificó por qué.
La labor fue realizada por funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), asignados a la Unidad Departamental de Policía del municipio de Tela.
Se trata de un transportista de 40 años, originario y residente en New York, Estados Unidos. Al ciudadano se le decomisaron L2,000 en efectivo, los cuales son utilizados como elemento constitutivo.
Al sujeto lo remitieron a las autoridades competentes para que continúe con el proceso legal en su contra.
![transportista](https://tiempo.hn/wp-content/uploads/2021/11/AWOOcsbcc6exdOrunfzz.jpeg)
Otra operación hoy
Este mismo día se le dio detención a un individuo por tener dos órdenes de captura pendientes. A él se le supone responsable de los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego.
El sospechoso es un jornalero de 20 años, originario y residente en la colonia Bonilla, del municipio de La Másica, Atlántida.
La orden de captura fue emitida por el Juzgado Seccional de La Ceiba, con fecha 25 de julio del presente año.
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![otro detenido](https://tiempo.hn/wp-content/uploads/2021/11/BeFunky-collage-2021-11-08T195922.237-1-scaled.jpg)
Más capturas
Luego de un trabajo que llevó varios días de búsqueda e identificación para esclarecer el secuestro de una menor de edad, funcionarios de investigación de la Policía Nacional capturaron a un sujeto en la zona norte del país.
La acción se ejecutó en la aldea Santa Elena de San Pedro Sula, por agentes asignados a la Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El aprehendido tiene con 22 años, es originario y residente en el mismo lugar donde se efectuó la operación.
Su captura obedece a una orden emitida por el Juzgados con Jurisdicción Nacional en Materia Penal de San Pedro Sula, emitida en el 1 de octubre del año en curso, por suponerlo responsable del delito de secuestro agravado.
Según informe investigativo, el hecho ocurrió en el 2019. Los secuestradores solicitaban L 3 millones por liberar a la menor que en ese momento tenía 11 años de edad. Sin embargo, la DPI pudo rescatarla sin haber pagado rescate.
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