TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ministerio Público (MP) sigue a la espera de que se dicte sentencia en el caso de la joven enfermera, Keyla Patricia Martínez, tras dos años de su muerte dentro de una celda en la posta policial de La Esperanza, Intibucá.
Fue el domingo 7 del año 2021 en horas de la mañana cuando se registró el hallazgo del cuerpo de Keyla de tan solo 26 años. En primera instancia, se manejó que el fallecimiento era por suicidio, sin embargo, las investigaciones siguieron y se demostró que fue un homicidio.
En abril del mismo año se le dio captura al elemento de la Policía Nacional, Jarol Perdomo. Tras un recurso de apelación en agosto del 2021 se resolvió recalificar el delito de «femicidio agravado» por homicidio, bajando la pena en prisión.
Debido a la recalificación de la Corte de Apelaciones, el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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Asimismo, un grupo de litigantes internacionales se solidarizaron con la familia de Keyla, con la finalidad de que los responsables de su muerte fueran enjuiciados y condenados con delitos y penas con base en el derecho internacional y nacional.
MP a la espera de la sentencia final
El único juzgado en el crimen es Jarol Perdomo, su juicio inició el pasado mes de septiembre del 2022. Sin embargo, una vez finalizado, han pasado los meses y no hay una sentencia final de parte del Tribunal de Siguatepeque.
Los amparos solicitados por la defensa de la familia de Keyla piden que al ciudadano se le mantenga bajo la medida de prisión preventiva que se le decretó en audiencia inicial.
Por su parte, el Ministerio Público (MP) a través de un comunicado manifestó que pese a que culminó el juicio, el Tribunal de Sentencia no emite un fallo definitivo. Lo anterior sucede debido a que la Sala de lo Constitucional de la CSJ aún no resuelve el amparo interpuesto por la defensa de la familia de Keyla.
Evacuación de pruebas
Además, el MP sostiene que los fiscales, en conjunto con miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), evacuaron las pruebas técnicas y científicas en el caso de Keyla.
De la misma manera, se abordaron una serie de declaraciones de testigos y agentes a cargo de la investigación, los que establecen la dinámica de los hechos.
Dentro de las pruebas está la inspección judicial en torno al reconocimiento de la celda y los dictámenes de vídeo forense. Ambos aspectos muestran, según el MP, que cinco minutos aproximadamente el imputado permaneció en el recinto donde se encontraba recluida la joven de 26 años.
Luego el acusado se mantuvo afuera de la celda de forma sospechosa y sin retornar a su posición de asistente del comandante de la estación policial y encargado de las llaves de las bartolinas y custodia de los detenidos.
De la misma manera, el MP logró acreditar a través de la autopsia médico-forense, que Keyla no sufría ningún tipo de trastorno mental que la orillara al suicidio. A lo que se le suma que el dictamen de patología forense arrojó que la manera de muerte es homicida por asfixia por obturación de orificios respiratorios.
Manipulación de la escena del crimen
De la misma manera, el MP en la prueba documental determinó que los libros que decomisó la ATIC en la posta, al igual que las patrullas y otro material, evidencian la manipulación de la escena del crimen y precisamente del policía acusado.
La investigación de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la ATIC, se realizó en el marco del Manual de Protocolo Latinoamericano de Muertes Violentas de Mujeres.
Ese manual es socializado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Asimismo, la muerte de Keyla es la que más ha usado la herramienta.
El caso se presentó como feminicidio agravado, pero el juzgado de La Esperanza lo tipificó como homicidio simple. Es por ello que el MP presentó una acción de amparo y recientemente la declararon «sin lugar».
Preocupación de organizaciones internacionales
Entre tanto, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), manifestó a través de Twitter la preocupación por la falta de sentencia en el caso de Keyla Patricia Martínez.
Asimismo, destaca que en diciembre del 2022 la Sala de lo Constitucional de la CSJ denegó los amparos interpuestos ante la acción de recalificación del delito.
OACNUDH «considera que esta decisión desconoce las obligaciones internacionales en materia de derechos de las mujeres y de debida diligencia».
1/2 Al cumplirse dos años del femicidio de Keyla Martinez en la posta policial de La Esperanza, Intibucá, #OACNUDH expresa su preocupación por la falta de una sentencia con perspectiva de género que garantice los derechos de las víctimas, el acceso a la justicia y la reparación.
— OACNUDH Honduras (@OACNUDHHN) February 8, 2023
2/2 En diciembre 2022, la Sala Constitucional denegó los amparos interpuestos contra la recalificación de femicidio agravado a homicidio. #OACNUDH considera que esta decisión desconoce las obligaciones internacionales en materia de derechos de las mujeres y de debida diligencia.
— OACNUDH Honduras (@OACNUDHHN) February 8, 2023
