Tegucigalpa, Honduras. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó este martes su caso denominado «Narcopolítica II», donde se acusa a otras seis personas, entre ellos exfuncionarios de anteriores gobiernos.
Se trata de la segunda línea de investigación relacionada con el caso «Narcopolítica», que en su primera fase comprendió la acusación contra 12 personas señaladas por formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El lavado de los fondos se realizaba a través de obras contratadas a través del Estado de Honduras, pero en su mayoría no se ejecutaron.
En esta segunda fase se presentó requerimiento en contra de:
- Hugo Alfredo Ardón Soriano, exdirector del Fondo Vial
- Elder Jacobo Gómez Gavarrete, extitular de la gerencia técnica del Fondo Vial
- Iris María Sarmiento, exasistente de Gómez Navarrete
- Devis Leonel Rivera Maradiaga, gerente propietario de la empresa INRIMAR
- Nohelia Mercedes Pacheco, representante legal de Rivera Maradiaga
- Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO)
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Primeros acusados
En la primera fase del caso, los primeros encausados a los que se les presentó requerimiento fiscal fueron:
- Miguel Rodrigo Pastor, ex ministro de la ya extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). A él se le suponía responsable de 21 delitos de fraude, cohecho y lavado de activos
- Marlon Geovanny Flores, por 21 delitos de fraude
- Carol Ivonne Pineda, por 21 delitos de fraude
- Norberto Quezada, por 10 delitos de fraude
- José Manuel Valladares Rosa, por 10 delitos de fraude
- Lucas Jetsell Velásquez, por un delito de fraude
De la misma manera, en este caso figuran como coimputados los ciudadanos Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga. A ellos se les acusa de cargos por conspiración a la narcoactividad en Estados Unidos.
Imputaciones
Las investigaciones marcan que tanto en Narcopolítica I, con fecha 24 de mayo del 2019, como en esta segunda etapa, las imputaciones son por el otorgamiento de contratos a la empresa INRIMAR.
Esta supuesta compañía tenía como aparente objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro.
De manera inicial se comprobó que el Estado de Honduras les favoreció con la suscripción de 21 contratos por más de 68 millones de lempiras. Sin embargo, ahora se registran otros 10 por más de 47 millones de lempiras.
Los contratos se le adjudicaron, según la UFERCO, a INRIMAR sin que la compañía cumpliera los requisitos de la ley de contratación del Estado. Los hechos datan del gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
En cuanto a la concesión de unos contratos, la investigación señala que se fraccionaron las obras y en otros se emitieron decretos de emergencia por una tormenta tropical.
La mayoría de obras asignadas en estos contratos no se realizaron, pero se acreditó de manera falda que las hicieron y entregaron. Entre tanto, las que si se efectuaron están sobrevaloradas.
El propósito de la asignación de estos contratos millonarios, según la UFERCO, era básicamente prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero derivado del narcotráfico, a través de instituciones gubernamentales.
