Redacción. La Procuraduría General de la República afirmó este lunes que la demanda laboral de 260 millones de lempiras que perdió el Estado, “aún no adquiere el carácter de firme”.
La demanda que supuestamente perdió el Estado hondureño fue interpuesta por más de 200 exempleados de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), ahora Sedesol.
Los afectados procedieron con la demanda aduciendo una “finalización ilegal e injusta de la relación de trabajo”.
En respuesta, la Procuraduría dio a conocer a través de un comunicado que el proceso sigue en marcha, por lo que aún no está decidido.
«El proceso aún NO adquiere el carácter de firme. Se encuentran pendientes de resolución diversas acciones interpuestas por esta Representación Legal del Estado, a saber, Amparo con Suspensión del Acto Reclamado, Ad Effectum Videndi e Incidente de Nulidad», reza el escrito.
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Finalmente, el ente recalca que no permitirá que esquemas de corrupción público-privada se lucren sin ningún tipo de reparo de los recursos. Por lo tanto, procederá de forma drástica en la deducción de responsabilidades, denunciando todo hecho atentatorio contra los intereses del Estado.
Demanda
El expediente describe que el seis de abril del 2022 autoridades suprimieron la Sedis por el PCM 05-2022 y dio vida a la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, dejando sin empleo y sin el pago de sus prestaciones a unos 230 ciudadanos, tras lo cual procedieron a demandar al Estado de Honduras.
Luego de dos años del litigio en el Juzgado de Letras del Trabajo en San Pedro Sula y sin que las partes llegaran a un acuerdo, la justicia declaró culpable al Estado de Honduras perdiendo la demanda laboral millonaria.
El monto exacto a pagar a los extrabajadores, de mantenerse la resolución, es de doscientos sesenta millones novecientos cincuenta y cuatro mil lempiras (260,954,108.25).
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