REDACCIÓN. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante un comunicado de prensa, lamentó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador rompiera el acuerdo con la Comisión internacional contra la impunidad en el Salvador (CICIES), a través de un comunicado de prensa emitido el 4 de julio del 2021. Además, la OEA lamenta todas las razones expuestas en dicho comunicado.
El comunicado señala que la decisión “obedece a que la Secretaría general de la OEA contrató como asesor al exalcalde del partido Arena Ernesto Muyshondt, procesado judicialmente desde 2016 por diversos crímenes “y que la CICIES fue creada por “luchar contra la corrupción e impunidad y no para promoverlas”
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Muyshondt no tiene y no tendrá contrato en la Organización
Sin embargo, la Secretaría general de la OEA informó a través del comunicado de prensa que el señor Ernesto Muyshondt no fue contratado, sino que solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorarios, aunque este contrato nunca se firmó.
Asimismo, la OEA, señala que aún con la contratación a Ernesto Muyshondt, eso no le garantizaba inmunidad ante tribunales salvadoreños, mucho menos “impunidad”. Asimismo, agregó que los argumentos expuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador son inadmisibles desde todo punto de vista.
Además, aclaró que Muyshondt no tiene y no tendrá contrato en la Organización. Asimismo, puntualizó que “La Secretaría General no desea que esto se utilice como excusa para la salida de la CICIES del país”
Diferencias que expuso la OEA contra el Gobierno de El Salvador
Por lo tanto, La OEA, rechazó la argumentación formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Además, hizo pública las diferencias con el gobierno de El Salvador respecto a las CICIES.
La OEA, hizo énfasis en las diferencias contra el Gobierno de El Salvador, así lo expuso en su comunicado, donde aborda los desacuerdos.
En primer lugar, hace referencia a la aprobación de la ley para el uso de los productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19, donde según la OEA, esa eventualidad beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el Art. 4 de dicha ley y la CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad.
Asimismo, se refirió a la decisión gubernamental de no hacer público el primer informe descriptivo sobre la calidad, efectividad y legitimidad del uso de fondos públicos en atención a la pandemia COVID-19. Donde asegura que en dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar.
Asfixiamiento a la CICIES
También hace mención a que la fiscalía General ha realizado asfixiamiento a la CICIES En las últimas semanas cercenando completamente a sus posibilidades de investigación. Asimismo, las acciones de gobierno encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración.
Además, la OEA en su comunicado y como quinto punto agregó que en el código procesal penal se aprobó una reforma para que organismos intergubernamentales como la CICIES pudieran ser querellante en los procesos penales e investigaciones que la fiscalía General de la República realizase en aquellos casos de corrupción que afectarán derechos difusos de la población.
“La lucha contra la corrupción es más un esfuerzo retórico que un objetivo político y ético»
La OEA hace mención a la recurrente actitud del gobierno de procurar inducir a las CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente. Ello es absolutamente improcedente y contrario al compromiso que la secretaría general asumió. Además, la CICIES nunca sería un instrumento de persecución política por parte del gobierno, señala el comunicado.
No obstante, la OEA consideró que “la lucha contra la corrupción es más un esfuerzo retórico que un objetivo político y ético».
La OEA a través de su comunicado, dijo que, “el actual gobierno de El Salvador sabe que la Secretaría general de la OEA ha asumido siempre los principios de esenciales de derecho interamericano aun cuando estuviera en muchos casos sola en defensa de estos principios. Asimismo, puede estar seguro de qué los continuará asumiendo, sin importar los seguros costos políticos que esto tendrá” concluyó.
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