TEGUCIGALPA, HONDURAS. El conflicto en Lomas del Diamante continúa, y ayer jueves, con machete en mano, los pobladores salieron a defender sus terrenos luego de que el gobierno irrumpiera con maquinaria en sus predios para continuar el proyecto «Ciudad Morazán».
Ciudad Morazán es un proyecto habitacional donde se piensa construir 10 mil soluciones habitacionales para gente pobre.
Debido a que los propietarios de los terrenos se han plantado en serio, el proyecto habitacional estaría en riesgo. Los supuestos dueños han advertido que no dejarán colocar una piedra más hasta que el gobierno no se siente a negociar con ellos un justiprecio.
«No estamos en contra del proyecto, simplemente, queremos que el gobierno nos pague las tierras», dijo René Flores, uno de los propietarios mostrando las escrituras que datan de hace cien años. «Aquí no hay más dueños que nosotros», agregó.
En compañía de otros pobladores, René levantaba un cerco de alambre de púas, mismo que fue tumbado por la maquinaria pesada con supuesto apoyo de los colonos de otro bando al que señalan de invasor y afín al gobierno.
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Ambiente hostil
Hay que agregar que el ambiente se tornó tenso luego del derribo de la cerca. Al parecer, los supuestos responsables del derribo estaban apostados al otro costado de las más de 200 manzanas en litigio.
Además, la Policía custodiaba las maquinarias estatales y estaba preparada esperando lo peor.
«Hay un grupo de personas que se han prestado para seguirle el juego al gobierno«, dijo Tiburcio Cruz Lezama, con un filoso machete en la mano, junto a sus compañeros.
Al mismo tiempo, dijo que «han metido esa maquinaria a la fuerza, nosotros queremos llevar la fiesta en paz, pero no nos vamos a dejar jod…» subrayó blandiendo su arma blanca, junto a sus compañeros.
Por otra parte, Flores mostró los límites de su propiedad, gran parte afectada por las primeras excavaciones del proyecto habitacional.
De igual forma, hay que mencionar que en la parte baja hay otro asentamiento humano donde viven los líderes que supuestamente apoyan al gobierno. Flores los identificó como invasores de oficio y, entre estos señaló, a Norlan Izaguirre, a quien denunció esta semana ante el Ministerio Público por supuesta usurpación y otros delitos.
También, Flores considera que detrás del conflicto hay altos funcionarios del Estado. Detalló que el costo global de los terrenos es superior a los 500 millones de lempiras, además del proyecto habitacional.
«Deben pagar, es lo justo. Ellos serán los responsables si aquí hay sangre por esa alianza nefasta que se tiene con estos invasores», subrayó.
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