TEGUCIGALPA, HONDURAS. Autoridades de Gobierno, Servicio de Administración de Rentas (SAR) y Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) sostuvieron una reunión para socializar la reforma a la Ley de Justicia Tributaria.
En el encuentro participaron el ministro del SAR, Marlon Ochoa, el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya, el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero y varios empresarios del COHEP.
Durante su intervención, el ministro del SAR, Marlon Ochoa, detalló que esta ley lo que busca es detener los abusos en torno a los regímenes de exoneraciones. De la misma forma, que prevalezca la justicia tributaria, sin afectar al que menos tiene.
De la misma manera, la norma pretende evitar que se declare a Honduras como un «paraíso fiscal».
También, Ochoa remarcó que se busca parar los abusos que se han constatado de manera amplia en los regímenes de exoneraciones fiscales, a través de la opacidad tributaria que se viene arrastrando desde hace décadas. De la misma manera, destacó que en este caso se agudizaron tras el golpe de Estado del 28 de junio del 2009.
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Por otro lado, Marlon Ochoa sentenció que se deben implementar medidas que, sin incrementar los impuestos o crear nuevos, permitan una mayor justicia tributaria. Ésto significa que el que más gana, es el que más paga.
«Regímenes pretenciosos»
También, el titular del SAR explicó durante la conferencia de prensa, que en el mes de diciembre del 2021 el Gobierno anterior recibió una comunicación. Ésta alertaba que, sino se derogaban las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), a Honduras se le iba a declarar como un país con «regímenes pretenciosos».
Sin embargo, el funcionario recordó que el actual Congreso Nacional derogó ya las ZEDE el pasado año 2022. Es por ello que se logró conseguir una evaluación hasta el mes de abril del 2023 para que al país no lo declaren como un paraíso fiscal.
Asimismo, Ochoa dijo que el tercer objetivo de esta reforma a la ley es profundizar la transparencia. A la misma vez, permitir al SAR el acceso a la información bancaria de grandes empresas.
De la misma forma, buscan que haya un intercambio de la información entre los 143 países de la región de la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa.
En consecuencia, el titular del SAR consideró que es necesario revertir el sistema de privilegios y los abusos en los últimos 12 años. A su vez, remarcó que en este periodo de tiempo se crearon seis regímenes, se ampliaron los beneficios fiscales y en algunos casos hasta 74 años.
Ochoa afirmó que en un término de 4 años y medio, el Estado de Honduras otorgó 451 millones de lempiras por concepto de exoneraciones. Este monto equivale a un 16 % superior a la deuda pública.
Compromiso con los empresarios
Entre tanto, en secretario privado, Héctor Manuel Zelaya, durante su intervención, mencionó que durante la campaña, la presidenta Xiomara Castro se comprometió a que antes de presentar el proyecto a las reformas fiscales, iba a haber una socialización.
«Estamos dando nuestra apertura y de diálogo para poder llegar a acciones contundentes y ordenar las finanzas del Estado, detener los abusos. Para ellos hemos venido a brindar una presentación de un proyecto importante», indicó.
«Estamos haciendo todo lo posible para que en menos tiempo podamos tener resultados y generar lo mejor en el país con acciones contundentes», manifestó el secretario privado, Héctor Zelaya.
COHEP analizará la propuesta
Por su parte, el presidente del COHEP, Mateo Yibrín, aseguró que tras la socialización con las autoridades de Gobierno, van a analizar la propuesta y luego enviarán sus observaciones.
Asimismo, agradeció la disposición del Gobierno para socializar con los empresarios la Ley de Justicia Tributaria.
«Lo que más nos ocupa a nosotros es cómo podemos trabajar juntos con el Gobierno». Agregó que buscan «crear un país con un clima de inversión que ofrezca más salarios dignos –formales- a los hondureños».
El titular del COHEP estimó que solo el 16 % de la población hondureña económicamente activa tiene salarios dignos como el mínimo. Es decir los que pagan el decimotercero, decimocuarto y seguridad social.
