Tegucigalpa, Honduras. El titular de la Oficina Administradora de Bienes Inmuebles (OABI), Hugo Suazo, afirmó que varios funcionarios del actual gobierno han presentado solicitudes para adquirir vehículos que están bajo su administración.
Suazo se limitó a dar los nombres de los funcionarios públicos que han solicitado vehículos, pero aseguró que cuentan con las solicitudes.
«Hay instrucciones precisas. En estos 8 meses no hemos asignado vehículos porque no somos dueños, el Estado no es dueño, han sido administrados exclusivamente«, comenzó diciendo.
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Agregó que «Hay solicitudes, no podemos ser irresponsables, lo que ayer era malo hoy sigue siendo malo… Existen instituciones que no tienen vehículos, ni fondos para adquirirlos«.
Suazo detalló que las instituciones deben realizar un procedimiento para poder adquirir vehículos que el juez ya ordenó decomiso definitivo.
«Hay varias instituciones que tienen vehículos que son administrados por la OABI. Asimismo, para asignar un vehículo debe seguir un procedimiento, tiene que tener mantenimiento correcto y comprar una póliza de seguro», apuntó.
Suazo remarcó que la función de la OBAI es administrar los bienes y al momento que los juzgados ordenen la devolución a los dueños, los vehículos tienen que estar en buenas condiciones.
Entregan bienes a OABI
El pasado lunes 4 de diciembre, la Agencia Técnica de Investigación Criminal entregó las casas de la fiscal Francia Sofia Medina a la OABI.
A Medina le aseguraron 7 bienes inmuebles, 20 vehículos y nueve cuentas bancarias, situados en los departamentos de Comayagua y Cortés. Una de las casas, su madre ya la tenía, pero la fiscal la remodeló y por eso procedieron al comiso.
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La ATIC acusa a Francia Medina de los delitos de lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultación u inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y 38 delitos de falsificación documentos públicos.
El caso inició con los indicios que Medina retiró del Banco Central de Honduras (BCH) más de 88 millones de lempiras. Esto en 38 transacciones entre los años 2019 y 2023. Durante le proceso judicial, la fiscal se encuentra detenida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).