Era previsible, y así sucedió. El director de Radio GloboTV, David Romero Ellner, fue sentenciado por delitos de difamación, injurias y calumnia, en un caso aparentemente común, pero cuyo trasfondo es de carácter histórico por constituir un atentado a la libertad de expresión sin precedente en Honduras.
El desarrollo de este proceso ha sido conocido públicamente, paso a paso, por el pueblo hondureño y la comunidad internacional. Sus interioridades, en lo que respecta al procedimiento judicial, muestran un cuadro aberrante de la impartición de justicia, ciertamente plagada de ilegalidad, de vesania y abuso de poder. Algo ya característico del régimen político actual.
Se impuso la voluntad dictatorial, que exigía al Poder Judicial un castigo ejemplar como disuasivo a la oposición, especialmente en lo relacionado con la denuncia certificada contra la corrupción y la impunidad en las más altas esferas de la administración pública y del sector privado, que ha puesto en evidencia ante propios y extraños los pies de barro del Leviatán catracho.
No hay espacio en este comentario editorial para los pormenores del juicio, en el que se conjuga la orden superior, la perversidad e incultura aldeana rampante en la Corte Suprema de Justicia, la prevaricación y el desplome institucional. Tampoco es necesario hacerlo porque todo se ha desarrollado ante la mirada expectante e indignada de nuestra sociedad y ante el asombro del mundo de la comunicación social.
Las consecuencias de este fallo ya son de profunda preocupación, puesto que nadie duda del avieso propósito de acabar con la libertad de expresión, la libertad de opinión y de los derechos a informar y de ser informados en nuestro país, precisamente para consolidar una dictadura fascista de proyección regional y de alcance continental.
En este sentido, el Caso Romero Ellner es parte del continuismo totalitario, de militarización extensiva y de salvajismo neoliberal configurado en lo que se da en llamar “fascismo amistoso”, cuya última consecuencia es hacer a un lado “los objetivos vagos e irreales como los derechos humanos, el aumento del nivel de vida y la democratización”.
La implantación de esa política de Estado requiere del desconocimiento de la integridad constitucional, del envilecimiento de la institucionalidad política, de la desarticulación de las organizaciones sociales, y, fundamentalmente, del férreo control de la comunicación social y la preterición de la libertad de expresión para ponerlo al servicio, por diferentes vías y manipulaciones mediáticas, de la hegemonía política, económica e ideológica, con aplicación sistemática del terrorismo institucional.
Ese es, ni más ni menos, el sentido y el objetivo de este atentado a la libertad de expresión, que, por otra parte, desnuda al régimen y lo convierte, tal como ha dicho Romero Ellner, en único “responsable de lo que pueda venir en adelante, a partir de hoy”, en ésta nuestra atormentada Honduras.
