Redacción. El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó la medida de auto de formal procesamiento -con prisión preventiva- a cinco agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), acusados de secuestro agravado y otras agresiones sexuales.
La medida la logró la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) a través de la Sección Antisecuestros y Operaciones Especiales.
Los encausados son:
- Osmin Orellana Paz
- Lester Nahún Uclés
- Dilmer Stiven Funez
- Andy José Péres
- Enrry Michael Cárcamo
El Poder Judicial señaló que la fiscalía en la audiencia inicial ratificó el requerimiento y proporcionó tanto de las pruebas documentales, testificales y periciales, así como las conclusiones en el caso, con la petición de suspenderles el derecho de libre locomoción.
No obstante, la defensa técnica de los encausados rechazó los cargos y pidió que se les diera el sobreseimiento. Pero la determinación concluyó en la privación de libertad. Por ende, los cinco agentes pasarán el término legal de 2 años de prisión en el centro penal de El Progreso, Yoro.
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Las investigaciones
Las investigaciones en el caso de parte de la Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones (UNAS-DPI) apuntan que el modus operandi de los agentes era llamar a las víctimas haciéndose pasar por ‘conocidos’.
Una vez que los contactaban, se veían en algún sitio y los subían a los busitos de la misma institución. Luego los llevaban a bordo por varias calles de San Pedro Sula, hasta que les pagaran el rescate. Los costos por el rescate oscilaban entre los 100 y 300 mil lempiras.
Los expertos también determinaron que si las víctimas eran mujeres, las amenazaban con abusarlas sexualmente y en otros casos les decían que si no pagaban les pondrían drogas, para presentar acusaciones falsas en su contra.
Uno de los expedientes -ya investigado- ocurrió el miércoles 21 de febrero de 2024 cuando las autoridades recibieron una denuncia de un posible secuestro en la residencial Santa Mónica de San Pedro Sula, Cortés.
