Redacción. Una jueza del juzgado penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó la medida cautelar de detención judicial a cinco (5) agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), acusados de secuestro agravado en San Pedro Sula (SPS).
La medida la logró la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), tras la celebración de la audiencia inicial, que tuvo una duración de varias horas en los juzgados del norte de Honduras.
La FESCCO dio a conocer a los detenidos el motivo de la acusación en su contra. Pidió a la jueza privarles de su derecho a la libertad. Además del secuestro agravado, a estos hondureños se les imputa el delito de otras agresiones en perjuicio de un testigo protegido.
Los encausados en este caso son:
- Osmin Orellana Paz
- Lester Nahún Uclés Andino
- Dilmer Stiven Funez Espinoza
- Andy José Pérez Zelaya
- Enrry Michael Cárcamo Molina
A los agentes de la DIPAMPCO, asignados a la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU), los remitieron al centro penal de El Progreso, Yoro, a cumplir la prisión preventiva.
Asimismo, la jueza que conoce la causa programó la audiencia inicial para el lunes 22 de abril del año en curso en punto de las 9:00 de la mañana.
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El caso
Según las investigaciones de la Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), estos agentes policiales llamaban a las víctimas haciéndose pasar por conocidos.
Una vez que los contactaban, los subían a busitos de la misma institución y los llevaban a bordo por varias calles de San Pedro Sula, hasta que les pagaban el rescate.
Asimismo, las investigaciones determinan que los montos que ellos exigían por los rescates iban entre los 100 mil a 300 mil lempiras.
También, las investigaciones determinaron que si las víctimas eran mujeres, las amenazaban con abusarlas sexualmente. En otros casos les decían a sus ofendidos que si no pagaban el dinero, les iban a poner droga para presentarles acusaciones falsas.
Uno de los expedientes data del 21 de febrero del 2024, cuando se recibió una denuncia de un posible secuestro registrado en la residencial Santa Mónica de San Pedro Sula.
