TEGUCIGALPA. La Procuraduría General de la República (PGR), demandó en las últimas horas al expresidente, Manuel Zelaya Rosales.
Según un documento firmado por el titular de la PGR, es por concepto de pago por vía de repetición. El monto es de cinco millones 118 mil 232.23 lempiras más intereses y costos del juicio.
La acción legal se interpuso por haber despedido en el 2008 a la entonces presidenta del Banco Central de Honduras (BCH), Gabriela Núñez. Esta a su vez procedió legalmente contra el Estado.
De acuerdo con la demanda, el 10 de enero del 2008, Núñez fue separada cuando aún le faltaban dos años para cumplir su período. Ella fue elegida por cuatro años al frente del BCH.
Por lo anterior, el demandante peticiona a la autoridad competente que el demandado sea condenado por el ilícito que cometió.
Es de resaltar que la PGR, temiendo que Zelaya pueda disponer de sus bienes para no reparar los daños, pide medidas cautelares. Entre ellas solicita el embargo de bienes, específicamente su casa. Este bien está ubicada en la colonia Tres Caminos de Tegucigalpa.
Esta demanda ubica a Manuel Zelaya en el banquillo de los acusados y ahora tendrá que enfrentar la justicia.
La PGR arguye que todo despido debe realizarse siguiendo los procedimientos que ordena la ley. Esto para revestir los actos administrativos de legalidad y no al libre albedrío del funcionario que realiza el acto.
Al respecto, el exmandatario reaccionó en su cuenta de twitter y Facebook, cuestionando la acción judicial de la Procuraduría.
“La PGR demanda civil, por lo que Gabi le saqueó al Estado, ¿y el crimen y el robo del golpe cuándo nos va pagar el Estado?”, preguntó.
Se viene lluvia de demandas a funcionarios y exfuncionarios
Con esta condena se podría abrir una lluvia de demandas contra expresidentes, funcionarios y exfuncionarios. Especialmente aquellos que han despedido ilegalmente a miles de hondureños o que han dejado de cumplir contratos. Que al final el Estado ha tenido que pagar sus indemnizaciones.
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Esta acción crearía costumbre o jurisprudencia y el pueblo espera que sea la puerta que abra las demandas contra los exfuncioanrios. También contra apoderados legales, jueces y magistrados que han tenido que ver en las “amañadas” demandas contra el estado que pierde más del 60% de ellas.
Solo en el actual gobierno se registran más de 20 mil despidos, según secretario de la CUTH, Joel Almendrares.
Demanda integra:
