TEGUCIGALPA. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que como parte de los cambios e implementación de gestión de resultados, por medio de la Dirección Nacional de Procuración Judicial, han interpuesto más de 610 demandas en contra de personas naturales y jurídicas, por deudas y asuntos pendientes con el Estado de Honduras a nivel nacional.
Dichas demandas derivadas de la ejecución de pliegos de responsabilidad, multas, sanciones pecuniarias, acciones de repetición contra funcionarios, en otras, realizadas mediante un proceso investigativo, citaciones y requerimientos, por personal debidamente identificado en vehículos de la institución, bajo un esquema de trabajo previamente determinado.
Según la PGR, se ha intentado dañar la imagen institucional por personas que se consideran afectadas por el cumplimiento de nuestra misión constitucional, al querer confundir por medio de las redes sociales que un vehículo de la PGR, era utilizado para cometer actos delictivos contra la ciudadanía, en la Colonia Los Zorzales de la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés.
Las autoridades comprobaron mediante la bitácora del movimiento de vehículo, que el personal de la PGR realizaba un proceso de citación a ciudadanos que tienen cuentas pendientes con el Estado de Honduras en la referida colonia.
De acuerdo al reporte, siendo maliciosamente fotografiados, por personas que pretender eludir su responsabilidad con el Estado de Honduras, difundiendo las fotografías a través de las redes sociales.
En tal sentido la PGR, invita a cualquier ciudadano que se considere afectado por el accionar de los empleados o procuradores, a denunciar dichas acciones en las oficinas regionales en todo el territorio o ante los entes de investigación del Estado.
Recientemente, unas 70 demandas fueron presentadas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra personas naturales, jurídicas y exfuncionarios públicos que en su momento le han ganado demandas millonarias al Estado.
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Un funcionario de la PGR explicó que las irregularidades son “más que todo son cuando los funcionarios firman actuaciones que van en contra de la Ley y prescinden de las normas jurídicas y procedimientos regulados en la Ley”.
