Redacción. El precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, ha calificado como «persecución política» la orden de la presidenta Xiomara Castro de intervenir el Instituto de la Propiedad (IP).
Y es que la presidenta anunció este jueves que ha tomado la determinación de intervenir el instituto debido a las múltiples irregularidades en el manejo de fondos que se han presentado en los últimos años. Así, por ejemplo, unas erogaciones por más de 18 mil millones de lempiras de las que no hay registros.
Con esa acción ilegal, según la presidenta, se «adulteró y financió construcciones de viviendas, así como gastos publicitarios y supuestas obras sociales, desviando fondos de la finalidad del fideicomiso, que era la transformación digital del IP».
Refiriéndose al tema en el medio de comunicación HCH, Cálix dio su opinión al respecto. «Sus dos ministros de Finanzas le han dicho (a Xiomara Castro) que se usó de manera ilegal, fuera del fideicomiso x cantidad de dinero. Una vez que los fideicomisos fueron cancelados, el consejo directivo del IP (que es la máxima autoridad y está conformado por el ministro José Carlos Cardona, el ministro Tomás Vaquero y el ministro Francisco ‘Chico’ Funes), aprobó un plan para la liquidación del fideicomiso», aseguró.
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Y, según Cálix, las acciones se llevaron a cabo bajo la supervisión de la Secretaría de Finanzas. «Todos los pagos, después de cancelado el fideicomiso, son procesos de liquidación debidamente aprobados por los ministros a cargo; esto fue en 2022. En 2023, la exministra de Finanzas dijo que se encargaría de todo», aseguró.
Siempre supo
El diputado oficialista señaló que durante la administración no se han suscrito nuevos contratos, incluso aseguró que Finanzas siempre tuvo conocimiento de la liquidación del fideicomiso.
«Estoy claro de la persecución que siempre me montan. Me molesta que involucren a terceros que no tienen nada que ver con la política. Si el problema es conmigo, deberían de dirigirse directamente a mí», declaró.
También consideró que la presidenta está ejerciendo un derecho al intervenir y nombrar personal de su confianza en cualquier institución gubernamental. Sin embargo, «no es la forma correcta de hacer la intervención en el IP».
