Redacción. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el pasado jueves una reforma constitucional que elimina toda referencia a los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), con el objetivo de dar inicio a su salida del organismo regional.

Aunque el proceso aún enfrenta dudas legales, el oficialismo considera que este es un paso necesario para abandonar lo que califican como una institución ineficaz y costosa, según medios locales.

La medida fue aprobada vía dispensa de trámite, con 57 votos a favor, y consistió en la modificación de los artículos 80 y 133 de la Constitución.

En el primero se elimina a los diputados del Parlacen como funcionarios electos por voto popular. En el segundo, se les retira la facultad de presentar iniciativas de ley relacionadas con la integración centroamericana.

La propuesta fue impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas, que también emitió un comunicado expresando que el Parlacen “no representa los verdaderos ideales de integración y unidad centroamericana”. En el mismo mensaje aseguraron que comenzarían los trámites necesarios para abandonar el organismo.

Uno de los argumentos del oficialismo ha sido el costo económico, estimado en 1.7 millones de dólares anuales para el Estado salvadoreño. “Seguiremos apostando por la integración regional, pero a través de mecanismos que realmente funcionen”, declaró el diputado Jorge Zaldaña durante la sesión.

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¿Salida efectiva o simbólica?

Sin embargo, expertos en derecho internacional han señalado que el retiro de El Salvador del Parlacen no se concreta únicamente con reformas constitucionales internas.

El país es parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuya base legal es el Protocolo de Tegucigalpa, tratado regional que no contempla una salida unilateral de uno de sus órganos, como lo es el Parlacen.

El abogado consultado por medios salvadoreños, bajo anonimato, advirtió que “no se puede renunciar a una parte del sistema sin revisar su vínculo con los demás órganos”.

Además, recordó que el Parlacen forma parte de un marco institucional más amplio que incluye a la Corte Centroamericana de Justicia y la Secretaría General del SICA.

¿Qué pasa con los diputados electos?

La reforma tampoco aclara qué ocurrirá con los diputados salvadoreños ya electos para el periodo que inicia en 2026. El actual parlamentario del Parlacen, David Reyes (ARENA), señaló que cualquier decisión de fondo debería pasar por una denuncia formal del tratado internacional, no por una simple reforma interna.

“La participación en el sistema de integración fue mediante un tratado internacional. Ese mismo camino debe seguirse si se quiere salir”, dijo Reyes, cuestionando si se respetará el mandato de quienes ya fueron electos por el voto popular.

Precedente panameño

El caso panameño de 2009 sirve como advertencia. En ese año, el entonces presidente Ricardo Martinelli intentó sacar a Panamá del Parlacen, sin éxito.

Uno de los principales obstáculos fue que el Tratado Constitutivo del Parlacen no contempla una cláusula clara de retiro. Panamá intentó abandonar el Parlacen, pero la Corte Suprema bloqueó la iniciativa y el país tuvo que reincorporarse.

Este antecedente refuerza la idea de que El Salvador necesitará avanzar por la vía diplomática. Además, deberá garantizar que cualquier decisión no contradiga el derecho comunitario vigente en la región.

Repercusiones regionales

Aunque la reforma no impacta directamente a Honduras, sí genera un precedente relevante para los países miembros del SICA. La integración regional se considera históricamente frágil, y decisiones como esta podrían debilitar aún más los espacios multilaterales centroamericanos, donde se discuten temas clave como migración, comercio y seguridad.

En ese sentido, la falta de claridad en el proceso salvadoreño deja muchas preguntas abiertas: ¿Se trata de una ruptura simbólica o legal? ¿Qué papel jugarán los demás países del SICA ante esta decisión? ¿Podrá El Salvador mantenerse en el sistema sin formar parte de uno de sus órganos principales?

Por ahora, El Salvador ha dado un primer paso político, pero el camino jurídico aún está por definirse.