Redacción. La administración del presidente Donald Trump regresó ayer lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos con una apelación de emergencia, solicitando a los magistrados que anulen una orden de un tribunal inferior que bloquea despidos masivos y profundas reorganizaciones en varias agencias federales.
La apelación surge tras una decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, emitida la semana pasada, que dejó en suspenso el plan de Trump para implementar despidos generalizados, conocidos como reducciones de fuerza (RIF, por sus siglas en inglés).
“Controlar al personal de las agencias federales es la esencia misma de la autoridad presidencial”, argumentó el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, en el recurso presentado ante el alto tribunal. “La Constitución no establece una presunción contra el control presidencial de la dotación de personal, y el presidente no necesita una autorización especial del Congreso para ejercer sus poderes constitucionales”.
El mayor reto legal contra la reestructuración del Gobierno federal
La demanda la interpuso más de una decena de sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos locales. Ellos consideran este proceso como el mayor desafío legal contra el intento de la administración Trump de reducir la plantilla federal.
Un funcionario del gobierno dijo a CNN que están dando un seguimiento cercano al caso, ya que podría definir la capacidad del presidente para reestructurar el Gobierno sin pasar por el Congreso.
No es la primera vez que Trump acude a la Corte Suprema en este caso. Una apelación previa la retiró el Departamento de Justicia luego de que un tribunal federal de distrito impusiera una orden aún más estricta que impedía ejecutar los despidos.
En su decisión (2-1), el panel del Noveno Circuito concluyó que el decreto “excede con creces los poderes de supervisión del presidente bajo la Constitución”. Además, consideró probable que los demandantes tuvieran éxito en sus argumentos de que los despidos masivos son ilegales.
El decreto se firmó a mediados de febrero y daba inicio al proceso de despido de miles de empleados federales. Las agencias, en coordinación con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, debían entregar planes de reorganización al Ejecutivo. Sin embargo, los sindicatos denunciaron falta de transparencia sobre los detalles de dichos planes.
Según un análisis de CNN, al menos 121,000 empleados federales han sido despedidos o se han visto afectados desde que Trump asumió el cargo. Esta cifra no incluye a quienes están en licencia administrativa o aceptaron paquetes de salida voluntarios.
Las medidas abarcan reestructuraciones profundas en más de una docena de agencias, entre ellas los departamentos de Agricultura, Comercio, Energía, Trabajo, Tesoro, Estado, Salud y Servicios Humanos, Asuntos de Veteranos, y la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
