TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Poder Judicial designó este miércoles a la magistrada Reina Auxiliadora Hércules como la juez natural que conocerá el caso denominado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) como «Red de Corrupción» en el Congreso.
«Desde hace dos semanas atrás se presentaron algunas diligencias prejudiciales por parte de la UFERCO, mismas que la atendió el Pleno», indicó Duarte.
Asimismo, detalló que se conformó la Corte de Apelaciones que la integrarán tres magistrados y entre los designados están:
- Reinaldo Antonio Hernández
- Edgardo Cáceres Castellanos
- Y Wilfredo Méndez Romero.
De esa forma, indicó que una vez que concluya el trabajo de la Secretaría de la CSJ se analizará si procede la emisión de alguna orden de detención.
«Se trabaja en Secretaría todo el protocolo de ingreso, por lo que, el juez asignado aún no recibe el expediente correspondiente», aseguró Duarte.
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Requerimiento fiscal
En el requerimiento fiscal que presentó la UFERCO figuran alrededor de 14 personas, entre ellos cinco políticos. Es decir, un actual diputado y cuatro excongresistas son parte de los imputados.
La acción de la UFERCO señala que los políticos hondureños habrían sacado más de 18 millones de lempiras del Poder Legislativo para proyectos de Mipymes con dos ONG, a fin de que los recursos retornaran a sus bolsillos para fines personales y políticos.
En ese sentido, el Ministerio Público indicó que el requerimiento fiscal se interpuso contra el diputado, Alberto Chedrani, del ahora opositor Partido Nacional.
Igualmente, hay requirimiento contra los exdiputados Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz, José Vicente León y Rodimiro Mejía Merino.
«Persecución política contra la oposición»
Este miércoles, el Comité Central del Partido Nacional de Honduras denunció que existe una persecución política contra la oposición y que la dirigen las principales autoridades del país.
A través de un comunicado, el Partido Nacional (PN) señaló varios puntos, entre ellos la independencia que se le acaba de conceder a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y los últimos requerimientos en contra de algunos de sus miembros.
En sus primeros enunciados el documento describe que el Gobierno de la República es quien ha dado inicio a la supuesta persecución en contra de la oposición a través de una justicia selectiva.
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