Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP), tras finalizar la etapa de conclusiones del juicio oral y público por el millonario caso conocido como el «mascarillazo», pidió que se dé el fallo de culpabilidad.
En el caso se señala al exdirector de INVEST-H, Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, por la compra de 474 mil mascarillas.
Las autoridades constataron la culpabilidad del exdirector de INVEST-H y su ex administrador, tras la presentación de 32 medios de prueba, entre ellos 25 son documentales, cuatro periciales, dos incidentales y una declaración testifical.
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— Ministerio Público (@MP_Honduras) January 17, 2023
Actualmente, ambos imputados se encuentra bajo prisión, durante el proceso judicial en su contra.
El MP formalizó la acusación en una audiencia preliminar realizada el pasado 27 de octubre. Esto, luego de que el 29 de septiembre la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción le diera la razón a la Fiscalía en el sentido de revocar las medidas sustitutivas a Moraes Girón.
Dentro del caso, también se acusa a la especialista administrativo y financiero, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, las representantes legales de Germar Ferretería, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández.
También al propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, Juan José Lagos Romero. Los antes mencionados se encuentran prófugos de la justicia.
El caso
De acuerdo con lo que establece el requerimiento fiscal, a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad. Es así que se adquirieron las mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector Salud a nivel nacional.
Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de INVEST-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería. Esto, según las acusaciones, lo hicieron para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario. Con esa medida, violentaron los procedimientos legales y administrativos correspondientes e incumplieron los requisitos y las bases establecidas en la compra.
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Investigaciones
Además, la UNAF y la ATIC descubrieron que los encausados Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería.
Sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero. INVEST-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería. También, emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya, según acusaciones.
Dichas órdenes de compra figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras y luego por un valor superior a las L39 millones.
