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lunes, julio 4, 2022

Dictan medidas cautelares a exfuncionarios de Invest-H por fraude

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un juez en Materia de Corrupción, en horas de la madrugada de este sábado, tras la audiencia de declaración de imputado, dictó medidas cautelares para cuatro exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), por la compra irregular de mascarillas.

Los acusados durante el proceso judicial podrán defenderse en libertad, pero deben presentarse ante los Juzgados una vez por semana y tienen la prohibición de salir del territorio nacional.

La audiencia de declaración inició a las 9:00 de la noche de este viernes y culminó en horas de la madrugada de este sábado 4 de junio.

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Los implicados son: el exdirector de Invest-H, Marco Antonio Bográn Corrales; el exadministrador Alex Alberto Moraes Girón; el ex contador general Carlos Luis Guevara Mondragón; y la exespecialista administrativa y financiera Bessy Roxana Rodríguez Mendoza.

A los exfuncionarios se les acusa por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. El juez en Materia de Corrupción les programó la audiencia inicial para este próximo 10 de junio, sin embargo, el horario no fue informado.

Acusación contra los exfuncionarios

Este viernes, el Ministerio Público informó sobre un nuevo caso de corrupción durante la pandemia de Covid-19. Se trata de la compra irregular de 474 mil mascarillas de uso no médico, por parte de los exfuncionarios de Invest-H.

De acuerdo con la investigación, entre abril y mayo de 2020, los cuatro funcionarios de Invest-H se confabularon con los dueños de las empresas G y T Sociedad Anónima Germar Ferretería, para venderle al Estado un lote de mascarillas que no eran de uso médico.

Según la investigación, en esta compra de mascarillas se violentó los procedimientos legales y administrativos.

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De igual manera, se acusa a los empresarios Juan José Lagos Romero, propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya; a Elena María Hernández González, representante legal de Germar Ferretería; y a María Elena Palacios Hernández de Germar Ferretería.

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) descubrieron que los exfuncionarios simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería.

Sin embargo, la indagación destaca que ellos buscaron beneficiar al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero. Las órdenes de compra primero figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras y luego por un valor superior a los 39 millones de lempiras.

La última cifra se canceló a Germar Ferretería, pero le devolvió a G y T S.A. de C.V. más de 37 millones de lempiras.


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