Honduras. Durante una audiencia realizada ayer, la jueza de Jurisdicción Nacional, Lisseth Vallecillo, negó la solicitud de medidas distintas a la prisión preventiva a favor de los defensores del río Guapinol, recién trasladados de «La Tolva» a la cárcel de Olanchito, Yoro.
Por lo tanto, la resolución fue hecha bajo «fundamentos inválidos», según los abogados defensores.
Según declaraciones del abogado Omar Menjivar, integrante de ese equipo legal, la jueza Vallecillo argumentó que «existe la posibilidad que los ambientalistas sean condenados a una pena grave». Esto -según ella- los «animaría a los imputados a fugarse. Además podrían integrarse a la organización a la que pertenecen».
De tal forma que Menjivar expone que el argumento anterior es “una arbitrariedad de parte del Juez. Los acusados en este caso no pertenecen a una organización criminal. Ella además lo descartó cuando decretó un sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita, ahora se contradice”, señala.
Ante el señalamiento de la jueza en la que afirma que los detenidos «dicen ser defensores del ambiente», pero se «dedican a actividades ilícitas”; Menjivar afirma que la togada prejuzgó a sus defendidos.
Esas aseveraciones «no son válidas» y a la vez contradictorias para el abogado Edy Tábora. Ya que la Secretaría de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) tiene documentos de pruebas a su favor.
Lo anterior, porque en los papeles el “Estado reconoce a los compañeros y al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa como defensores de derechos humanos. En concreto, «del agua, de la naturaleza y la vida”.
Por consiguiente, los defensores procederán a presentar un “Habeas Corpus» porque consideran esa detención «ilegal y arbitraria en todos los sentidos”. También harán una apelación a la resolución, «la cual deberá tener una respuesta expedita», dijo el especialista en leyes, Allan Alvarenga.
Le negaron la presencia a observadores
Según el reporte de Radio Progreso, la jueza Lisseth Vallecillo no permitió la observación de organizaciones nacionales e internacionales. Esta acción daba el preámbulo a «una decisión predeterminada», afirmó el abogado Rodolfo Zamora.
“La jueza ha tenido que decidir entre la empresa Inversiones Los Pinares y pobladores de una comunidad que están defendiendo el agua y la vida. Al final es una decisión entre el dinero y el agua”, analizó el experto.
Hay que contar, que afuera de la corte estaba un grupo de personas, entre familiares y amigos, apoyando a los defensores. Ellos exigían la libertad de los «guapinoles». Entre lágrimas, una madre dijo que ella tenía «la esperanza de regresar con su familiar.
Otros afirman que la decisión de la jueza es motivada por «intereses» a favor de la empresa minera.
