TEGUCIGALPA, HONDURAS. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edgardo Cáceres Castellanos, interpuso su renuncia ante el secretario del Congreso Nacional (CN).
Durante una breve comparecencia, el jurista manifestó que su decisión era irrevocable y personal.
«Ahora que ya terminó el periodo, concreto esta decisión», expresó ante los medios comunicación.
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, expresó que la acción del exmagistrado era un «acto de valentía».
«Este acto de hoy que con mucha valentía y mucha fuerza el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Edgardo Cáceres Castellanos, está haciendo ante este poder del Estado, ratifica y fortalece la posición que los poderes del Estado son electos por determinado tiempo», explicó el diputado.
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Sin embargo, Cáceres Castellanos aseguró que los magistrados actuales podrían seguir ocupando su cargo porque la Constitución así se los permite.
«Esta es una decisión muy personal. Yo considero y respeto la opinión del honorario diputado Zelaya, pero realmente conforme a la Constitución, la actual Corte de Justicia puede seguir en sus funciones mientras no se elija la nueva Corte Suprema de Justicia», detalló.
«Esta renuncia irrevocable, es una decisión personalísima mía y entiendo que yo ya cumplí el periodo constitucional para el cual fui electo», explicó.
CSJ desafía a Redondo
El Poder Judicial emitió un comunicado en el que aseguró que los actuales jueces de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia se mantendrán en sus puestos hasta que elijan a los nuevos magistrados.
Esto viene a desafiar las palabras del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien el pasado viernes 10 de febrero aseguró que a partir del sábado 11 de febrero los actuales magistrados dejarían su cargo al haber concluido su mandato.
«A partir de mañana cesan en sus cargos los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia», expresó Redondo en la sesión del viernes.
El titular del Poder Legislativo aseguró que cualquier actuación de los actuales magistrados después del 11 de febrero sería de facto.
«Toda actuación más allá de esa fecha será de facto, nula e implicaría responsabilidad criminal. Ninguno de los tres poderes del Estado tiene la facultad o la potestad para modificar los artículos pétreos, como se quiere hacer creer por un grupo al margen de la Constitución«, agregó.