Tegucigalpa, Honduras. La diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, en una entrevista para Radio América, señaló que con la otorgación de independencia operativa a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), no se le ha quitado ninguna facultad al Ministerio Público.
“La Ley del Ministerio Público emana de un mandato constitucional y de un poder constituido. En ningún momento se le ha quitado atribución o facultad a dicho ente”, indicó.
Asimismo, señaló que con la aprobación de esta iniciativa solo se pretende que la UFERCO pueda trabajar como el resto de las fiscalías.
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“Lo que hemos hecho a través del Congreso es demostrar el deseo de que la UFERCO pueda trabajar con independencia, como lo hacen el resto de fiscalías del Ministerio Público”, detalló.
La iniciativa fue presentada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que fue aprobada en la madrugada de este viernes.
“A la UFERCO tras la salida de la misión anticorrupción de la OEA en 2020, han venido queriéndoles afectar. Hoy solo le estamos generando herramientas”, señaló.
Por lo anterior, expresó que espera que cuando venga la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), pueda reevaluar el personal de la UFERCO, con el fin de que se combata la corrupción.
Postura del Partido Nacional
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomas Zambrano, señaló que con esta medida se le está dando un golpe técnico al Ministerio Público y que es inconstitucional.
Ante esto, Mena dijo, “qué autoridad moral puede tener Tomás Zambrano que fue parte de tantos pactos de impunidad”.
Además, puntualizó que el Partido Nacional en los últimos 12 años de gobierno, en el proceso de coaptación del Estado, le quitó atribuciones a la institucionalidad para concentrarlas en la persona del Fiscal General.
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![Tomás Zambrano uferco](https://tiempo.hn/wp-content/uploads/2022/05/Untitled-design-21.jpg)
Seguidamente, mencionó que los nacionalistas y la élite habían acomodado algunas fiscalías de su conveniencia, para proteger intereses de la nata política y económica del país.
Distintos sectores de la sociedad se han pronunciado sobre el tema, señalando que la aprobación de esta medida provoca que se debilite el Estado de derecho.
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