Tegucigalpa, Honduras.- El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, presentó un proyecto de ley que se orienta a eliminar el delito de usurpación, que el Código Penal lo castiga con una condena de 6 a 10 años de reclusión.
«Nos piden específicamente la derogación del decreto ley en el tipo penal de usurpación, desde comisión a la anulación y derogación del mismo», informó una fuente del Poder Legislativo a través del canal HCH.
Esa petición desencadenó reacciones a favor y en contra. Varios sectores aseguran que no se puede eliminar este delito, porque sería darle paso al incremento de invasiones de tierras en el país.
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Cero inversión
Rigoberto Chan Castillo, profesional del derecho, señaló que si esa petición se aprueba en el CN, en Honduras no habrá inversión de ninguna naturaleza.
«Nadie va a querer invertir en un país donde pone en precario lo que es su dinero», aseguró el entendido en el tema.
Según autoridades, en los últimos doce años judicializaron a ocho mil campesinos por ese delito. Por esa razón, desde el Instituto Nacional Agrario (INA) expresan que se debe buscar una solución a esa problemática, porque siendo conscientes muchos lo hacen en el marco de la legalidad de recuperación de tierras, pero otros se aprovechan con la invasiones.
«1,700 mujeres fueron a parar a la cárcel, incluso con niños. Ese es un problema grave y lo que pasa es que no le han prestado la atención debida y los problemas que tenemos hoy están acumulados», contextualizó Rafael Alegría, subdirector del INA.
No apoyarán esas reformas
Desde el Congreso Nacional, la bancada de Libre respondió al congresista, Ramón Barrios, que esas reformas no pasarán porque no las apoyarán.
«Tomar las cosas de alguien es un delito y se llama robar. La Constitución de la República garantiza el derecho a la propiedad privada de la tierra. Entonces, el delito de usurpación siempre va a estar en el Código Penal. Me parece que hay una interpretación que no corresponde a lo que es un Estado constitucional sustentado en los derechos», expuso Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional.
Por su parte, los profesionales del derecho señalan que de nada servirá revisar las penas del delito de usurpación si al final, el Estado no garantiza la seguridad jurídica, que es lo que termina ahuyentando la inversión.
«Ese es un fracaso. Realmente nunca existió un estudio verdadero de las causas de por qué la gente invade propiedades privadas. El tema es que en Honduras no existe el Estado de derecho, porque no existe el principio de legalidad. Eso pasa porque la propiedad privada no se respeta y no existe la seguridad jurídica», explicó un consultado.
Se espera que la reforma se presente en los próximos días, en medio de fuertes críticas, porque en el último año de mandato de la presidenta, Xiomara Castro, se aumentaron las invasiones de tierras.