Tegucigalpa, Honduras. Según el ministro de la Presidencia hondureña, Ebal Díaz, el expresidente Manuel Zelaya «por amor a Honduras» no debe llamar a la insurrección.
Lo anterior, luego de la convocatoria del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y su coordinador, Manuel Zelaya a movilizaciones no violentas. Mismas que están planificadas para el día 27 de enero, a un año de la toma de posesión, luego de una reelección que la oposición considera ilegal, de Juan Orlando Hernández.
Díaz solicitó a Zelaya que “ya cesé de provocar la violencia” en el país. Asimismo, aseguró que “las consignas de insurrección, fundándose en argumentos de un supuesto fraude electoral, cada vez van palideciendo y van perdiendo fuerza”.
Además, señaló que los hondureños cada vez creen menos en el partido LIBRE. “Hasta hoy el expresidente Manuel Zelaya tampoco le ha mostrado al pueblo hondureño. Más allá de discursos y más allá de una retórica que ellos han construido; pruebas contundentes de lo que ellos llaman fraude”, dijo el funcionario.
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Pide a comandos insurreccionales no usar armas
El partido Libertad y Refundación (LIBRE) decidió “convocar al pueblo a nivel nacional y a los comandos insurreccionales, antifraudes y morazánicos organizados en todas las comunidades del país, para que se proteste masivamente el 27 de enero”. Sin embargo, Manuel Zelaya aseguró que las acciones serán «no violentas».
Pese a las declaraciones de Zelaya, Díaz solicitó “no llamar a esos comandos insurreccionales a usar las armas en contra de la democracia y en contra de un país que quiere vivir en paz”.
A criterio del ministro de la Presidencia, las protestas afectan a los microempresarios. «Si le queda un poco de amor por Honduras y un poco de amor por los que luchan todos los días por vivir en una Honduras en paz, déjelos expresidente Zelaya”, manifestó el funcionario.
Las declaraciones de Ebal Díaz fueron criticadas fuertemente en redes sociales. Dónde los usuarios aseguran que los actos de corrupción son los que afectan el desarrollo del país. Asimismo, arguyen que los ciudadanos hondureños tienen derecho a la protesta y libertad de expresión.
