Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, conoció este 6 de febrero el caso de destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante presidencia de JOH en 2012.
En ese sentido, la Corte-IDH dio inicio a la primera parte de la audiencia pública denominada «Caso Gutiérrez Navas y otros Vs. Honduras», a cargo del juez Ricardo Pérez Manrique.
El propósito de la audiencia pública «es escuchar la declaración de las presuntas víctimas propuestas por los representantes. Alegatos de las partes y la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema», dijo el secretario de la Corte-IDH, Pablo Saavedra Alesandri.
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Antecedentes
José Francisco Ruiz Gaekel, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira, se desempeñaban como magistrados de la Sala de lo constitucional de la CSJ. No obstante, estos fueron separados de sus cargos la madrugada del 12 de diciembre de 2012.
Según las informaciones, la Sala declaró inconstitucional algunas normas en el marco de sus funciones. Por ende, Juan Orlando Hernández habría cuestionado públicamente las decisiones de los cuatro magistrados.
En ese sentido, se informó que se creó una comisión especial cuya finalidad era investigar la conducta de «las víctimas». Es decir, de los magistrados que votaron a favor de una declaratoria de inconstitucionalidad de una ley de depuración policial.
Destitución de magistrados en 2012
Uno de los representantes de la Corte-IDH citó que en la madrugada del 12 de diciembre el Congreso Nacional «con el edificio rodeado por miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), dispuso la destitución de sus cargos».
Por ende, en el informe de fondo la Comisión concluyó que la destitución de las víctimas resultó arbitraria y violatoria de los derechos políticos. A su vez, determinó que no existía normativa en esa época que habilitara al CN para destituir a los miembros del Tribunal.
Entre otras observaciones de la Comisión, «se consideró que se configuró una violación al principio de legalidad. También que se afectó las garantías judiciales de las víctimas».
Declaraciones de magistrados
Al estrado llamaron a José Francisco Ruiz Gaekel, magistrado en el periodo de mandato de JOH, quien declaró que él, al igual que los otros magistrados votó por la inconstitucionalidad de varios decretos.
Señaló que a raíz de esa postura habría recibido presiones públicas y privadas, amenazándolo con la destitución. «Para mí esas presiones llevaban una amenaza de destitución», dijo Ruiz.
A su vez, contó que JOH los invitó a un desayuno para sugestionarlos de «no votar inconstitucional» en varios proyectos como las ZEDES, entre otros. De lo contrario, podrían ser separados por el mismo CN que los eligió.
Daños
Por su parte, Ruiz Gaekel aseguró que después de esta situación todo se volvió más difícil. «El proyecto de vida fue destrozado (…). Para nosotros ha sido terrible y muy duro, hemos tenidos problemas de toda índole» contó.
Detalló que para vivir ha tenido que vender muchos de sus vienes heredados y su casa en Tegucigalpa. Asimismo, señaló que tuvo que hacer uso de sus aportaciones que tenía en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).
También aseguró que ser escuchados por la Corte-IDH es un aliciente para ellos. «Estar aquí hoy en esta honorable Corte ha sido una ‘válvula de escape’, que por fin nos pudo escuchar un tribunal… En nuestro país se nos negó«, añadió.
Rosalinda Cruz Sequeira fue la segunda magistrada en comparecer ante la Corte, quien también describió los daños que le causó esta separación de su cargo en el 2012.
«Fue una situación que no solo nos causó daños a nosotros como magistrados sino que causó un grave daño al Poder Judicial. Se desintegró la Sala de lo Constitucional», expresó.
De igual manera, manifestó que «se produjo una barbaridad jurídica y una barbaridad contra la democracia. Fue un acto injusto, ilegal, vergonzoso».
¿Qué piden para resarcir los daños?
Cruz Sequeira indicó que dentro de las aspiraciones que han planteado están las reparaciones de daño emergente, lucro cesante, afectaciones económicas y el daño moral.
«Que se nos repare en todo el daño que se nos ha hecho a nosotros. Quisiéramos que el Estado de Honduras haga las reparaciones morales frente al país donde se nos denigró públicamente», agregó.
Además, señaló que esperan el reintegro a sus cargos. «Esa es una de las acciones que nosotros hemos solicitado, el reintegro a nuestros cargos».
Tras la comparecencia de ambos exmagistrados de la CSJ, la audiencia se suspendió. La segunda parte se realizará este martes 7 de febrero a las 9:00, hora de Costa Rica y Honduras, en la que se escucharán los alegatos y se harán las observaciones finales.
