TEGUCIGALPA.- Estado hondureño renuente a cumplir orden de Corte Interamericana de DD.HH.
Después del golpe de estado ocurrido en el 2009 en Honduras, 3 jueces y 1 magistrada fueron destituidos de sus cargos injustificadamente.
Ocho años después, el Estado de Honduras participó en una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia. En el respectivo seguimiento a la decisión emitida por la Corte Intermericana de Derechos Humanos en el año 2015.
Con Guillermo López Lone (Juez de Sentencia antes de ser destituido) y Tirza Florez Lanza (Magistrada de la Corte de Apelaciones antes de la destitución) actuaron como representantes. Ellos lograron comprobar una «falta de voluntad política» por parte del Estado hondureño para restituir a los afectados en sus puestos antiguos o -en su defecto- puestos similares.
En el proceso, la Corte Interamericana dio una sentencia en la que se reconocen las violaciones a los derechos humanos sufridos por Guillermo López Lone, Tirza Flores Lanza, Luis Alonso Chévez y Ramón Enrique Barrios.
Además, la sentencia ordenaba al Estado Hondureño devolver a los afectados “cargos similares a los que desempeñaban al momento de los hechos”.
Sin embargo, en el año 2016 la Corte Suprema de Justicia se negó a reincorporarles. En cambio, ofrecieron a las víctimas una indemnización económica.
Existe Presupuesto
“Existe presupuesto, las autoridades tienen la facultad normativa, hay opciones reales para que se reincorporen a sus trabajos. Sin embargo, no se les reintegra, porque no se quiere. Las autoridades no tienen la voluntad de hacerlo». Así comentó Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, durante la audiencia.
Según información oficial otorgada por el Estado, entre el 2009 y el 2016 el Poder Judicial de Honduras ha creado 89 plazas para jueces y juezas, cinco de ellas en San Pedro Sula, donde viven actualmente López Lone y Flores.
Además, un Plan Anual Operativo de este poder estatal prevé la creación de dos tribunales nuevos, salas en cinco ciudades del país y la ampliación de juzgados de letras en cinco ciudades de Honduras.
“El proceso ha sido revictimizante. Nos alarma la falta de disposición al diálogo de parte del Estado hondureño”, comentó Guillermo López.
“Nuestra afectación no sólo es personal, sino que también es institucional. El mensaje que se da al no reintegrarnos es muy pernicioso, porque permite que los jueces sientan que deben ser sumisos y dependientes de las altas autoridades», declaró Tirza Flores.
