Honduras.- El Gobierno de Estados Unidos publicó a través del Departamento de Estado un informe donde se refiere a los problemas de violencia y violación a los DDHH en Honduras, señalando que la impunidad generalizada que existe en el país se debe a la corrupción y falta de investigación.
En el documento de 26 páginas inicia con la descripción de las elección que ganó la actual presidenta Xiomara Castro, las cuales reconocieron como «elecciones como libres y justas».
Seguidamente, en la sección de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales. Así como, torturas y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado.
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El informe señala que algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en corrupción, no obtuvieron condenas. «Pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas», apunta el texto.
Las autoridades estadounidenses también señalan que el Poder Legislativo «aprobó una ley de amnistía retroactiva que absolvió de delitos a funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09)».
De igual manera, el departamento de Estado señaló que estructuras criminales y narcotraficantes cometieron actos iliciticos y denunciaron a varios profesionales y creadores de contenido. «El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la impunidad fue generalizada«, destaca.
El gobierno de EEUU dijo que «hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales«. El informe destaca varios asesinatos de alto impacto.
Tortura y tratos crueles
En cuanto a los desaparecidos en el país, EEUU aseguró que «no hubo informes creíbles de desapariciones por parte de las autoridades gubernamentales o en su nombre».
Asimismo, en el capítulo de tortura y otros tratos o penas crueles, el documento establece que fuerzas de seguridad las ejecutaban en las calles y centros de detención. Y a pesar de que los funcionarios de gobierno recibieron la denuncia e investigaron los hechos, no hubo condenas al respecto.
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) reportó 31 casos de presunta tortura o tratos crueles e inhumanos de fuerzas de seguridad hasta agosto del año pasado.
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Además, el detallado informe indica que el Ministerio Público recibió 10 informes de tortura hasta julio. Del mismo modo, el CONAPREV recibió 28 denuncias de uso de tortura o tratos crueles e inhumanos hasta septiembre.
«La corrupción, junto con la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales, generaron una impunidad generalizada. Incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad», sintetiza el documento del Departamento de Estado de EEUU.