TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante los últimos hechos violentos acontecidos en la cárcel de máxima seguridad «El Pozo», ubicada en Ilama, Santa Bárbara, las autoridades del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) tuvieron que reunirse de emergencia.
El pasado lunes 4 de julio se registró una masacre en el interior de la cárcel de máxima seguridad «El Pozo» y dejó un saldo de seis (6) víctimas mortales. Ante este acontecimiento, varios sectores han reaccionado y piden una investigación en el caso.
Además, de acuerdo con Conaprev, es preocupante que esta reciente reyerta que cobró la vida de seis personas sea un detonante para una ingobernabilidad en las cárceles, de la misma manera que en años anteriores.
La comisionada presidenta del Conaprev, Elvia Argentina Valle destacó que en los centros penitenciarios del país no se va mover nada si no hay alguien con autoridad que esté coludido.
«Ahí es donde debemos ver que las cosas deben cambiar y que estos hechos no tienen que volverse a dar», dijo la funcionaria en TN5.
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Investigaciones detrás de la masacre
Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) señalaron que ya están investigando cuál es el origen de esta masacre.
En el país existen dos reconocidas cárceles de máxima seguridad, la primera es «El Pozo» en Ilama, Santa Bárbara y la segunda es La Tolva, en Morocelí, El Paraíso. En ambos centros penitenciarios se han reportado reyertas que han dejado masacres.
De igual manera, la investigación detrás de la muerte de estos seis reos en «El Pozo», la pondrán a la disposición del Ministerio Público. Los fiscales deberán continuar con las indagaciones pertinentes para esclarecer el caso.
«Para nosotros es demasiado preocupante que el Estado no asuma la responsabilidad de las muertes bajo custodia y que todas estas superan más de 100 muertes en los centros penitenciarios están en la impunidad», detalló Glenda Guevara, comisionada de Conaprev.
Anteriormente, en el mes de marzo, las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA) entregaron a la Policía Nacional el mando de los centros penales bajo un compromiso de investigación para depurar la corrupción en las cárceles.
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