TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Lorenzo Sauceda, aseguró este lunes que investigan y buscan nuevas tecnologías para bloquear las salidas y entradas de llamadas desde las cárceles del país.
Sauceda confirmó lo anterior luego de que la Dirección Policial AntiMaras y Pandillas (DIPAMPCO) pidiera regular la venta de chips y llamadas desde los centros penales del país.
De acuerdo con reportes anteriores de DIPAMPCO, varias de las llamadas de extorsión a comerciantes en el país salen de las cárceles. Es por ello que han pedido que se frene la comercialización de las SIM cards.
De acuerdo con los estudios de esta dirección, estas acciones delictivas desde las cárceles siguen generando temor y zozobra entre la población hondureña.
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Combate al flagelo
Mario Fu, portavoz de la DIPAMPCO, comentó en Radio América que el ente de seguridad trabaja arduamente en el combate contra el flagelo de la extorsión.
Según Fu, la venta de los chips y las llamadas desde los centros penales, limitan la acción de la DIPAMPCO para lograr alcanzar los objetivos que se trazan en operaciones policiales.
«Este tema de las llamadas desde los centros penales continúa siendo un detonante sobre ese ilícito”, comentó Mario Fu.
Entre los rubros más afectados por este flagelo delictivo se encuentran los comerciales y transportistas en las principales ciudades del país.
Otro de los puntos que destaca la DIPAMPCO es que en Honduras se siguen comercializando los chips o SIM cards sin ninguna regulación. En tal sentido, aporta a la comisión del delito de la extorsión, aseguró Fu.
Ante esta situación, desde la DIPAMPCO han pedido a los operadores de telefonía celular en Honduras, y a la vez al Congreso Nacional, buscar una manera de regular la venta de los chips y así frenar la situación.
Según el especialista en seguridad, German Licona, el 90 % de las llamadas extorsivas provienen de las cárceles.
¿Realidad o ficción?
En abril de 2015, el Congreso Nacional hondureño aprobó una ley que supuestamente bloqueaba las llamadas hechas desde cárceles a través de internet y telefonía satelital. También se prohibió el uso de televisión satelital o por cable.
La ley ya prohibía comunicaciones mediante el servicio de telefonía celular, servicio móvil terrestre y radio. Sin embargo, en esa ocasión se incluyó las realizadas por internet, mediante satélite o mediante videoconferencias.
La ley se aprobó luego de que un medio local publicara que los reos de las prisiones intervenían las redes de vecinos y negocios para «colgarse» a internet. Aunque los reos no tienen acceso a las claves, desde dentro de los penales logran «hackear» las redes.
Para hacer uso de ellas, los reos también cambiaron de equipos: pasaron de utilizar móviles básicos con servicio de voz a utilizar sólo teléfonos inteligentes.
De esa forma, los reos tienen acceso a llamadas por Skype o al envío de mensajes por aplicaciones como WhatsApp, Facebook o Twitter.
En esa ocasión, los legisladores pidieron a los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores de telefonía móvil y comunicaciones personales, que implementen medidas técnicas para que los servicios se bloquearan únicamente dentro de las prisiones.
Asimismo, se definió que el bloqueo no aplicara para el personal del sistema penitenciario y otros funcionarios.
La supuesta ley impone multas de 10 millones de lempiras (456.000 dólares), si las empresas de comunicaciones incumplen con la legislación. La multa se duplica si la infracción se repite por segunda vez, mientras que la concesión se revoca si la infracción se comete por tercera vez.
