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viernes, marzo 29, 2024

Experto: Un 90 % de las llamadas extorsivas salen de cárceles

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. El 90 % de las llamadas extorsivas provienen de las cárceles, aseguró este viernes el especialista en seguridad, German Licona.

A través de medios locales, el experto señaló que el flagelo de la extorsión es un tema preocupante, porque no solo afecta a los transportistas, sino a los que realizan una actividad comercial en el país.

German Licona
German Licona, experto en Seguridad.

En ese sentido, lamentó que esta situación de inseguridad origine el cierre de negocios y que los hondureños forzosamente se desplacen desde las principales ciudades del país a otras naciones como los Estados Unidos.

De acuerdo con el abogado penalista, el 90 % de las llamadas extorsivas vienen de las cárceles de Honduras y se mantienen en la impunidad.

«Siguen las llamadas saliendo de las cárceles. Esa impunidad más el flagelo de la corrupción nos debilita y hace que estos grupos criminales crezcan», condenó.

Licona señaló que la falta de investigación es la que no permite ponerle fin al flagelo de la extorsión y corrupción.

Por esa razón, el experto en seguridad demandó al gobierno tomar los correctivos necesarios con todos los entes competentes en el tema. «Esta es una acción integral», finalizó.

Nota relacionada: Desprotegidos y paralizados: extorsión tiene de rehén a la Ruta 2

¿Realidad o ficción?

En abril de 2015, el Congreso Nacional hondureño aprobó una ley que supuestamente bloqueaba las llamadas hechas desde cárceles a través de internet y telefonía satelital. También se prohibió el uso de televisión satelital o por cable.

La ley ya prohibía comunicaciones mediante el servicio de telefonía celular, servicio móvil terrestre y radio. Sin  embargo, en esa ocasión se incluyó las realizadas por internet, mediante satélite o mediante videoconferencias.

Congreso Nacional
El Congreso Nacional aprobó una ley que bloqueaba las llamadas desde las cárceles en 2015.

La ley se aprobó luego de que un medio local publicara que los reos de las prisiones intervenían las redes de vecinos y negocios para «colgarse» a internet. Aunque los reos no tienen acceso a las claves, desde dentro de los penales logran «hackear» las redes.

Para hacer uso de ellas, los reos también cambiaron de equipos: pasaron de utilizar móviles básicos con servicio de voz a utilizar sólo teléfonos inteligentes.

De esa forma, los reos tienen acceso a llamadas por Skype o al envío de mensajes por aplicaciones como WhatsApp, Facebook o Twitter.

En esa ocasión, los legisladores pidieron a los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores de telefonía móvil y comunicaciones personales, que implementen medidas técnicas para que los servicios se bloquearan únicamente dentro de las prisiones.

Así mismo, se definió que el bloqueo no aplicara para el personal del sistema penitenciario y otros funcionarios.

La supuesta ley impone multas de 10 millones de lempiras (456.000 dólares), si las empresas de comunicaciones incumplen con la legislación. La multa se duplica si la infracción se repite por segunda vez mientras que la concesión se revoca si la infracción se comete por tercera vez.

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