Colombia. El ministro de Justicia y de Derecho, Néstor Osuna, informó hoy que unas 5,000 reclusas pobres y cabezas de familia en Colombia quedarán en libertad, a cambio de prestar servicios comunitarios no remunerados en el marco de una nueva ley.
Osuna detalló que las beneficiadas con esta ley deberán cumplir con ciertos requisitos. «Mujeres pobres que hayan sido condenadas por delitos menores. Es decir, condenas de no más de 8 años, y que sean madres cabeza de hogar, pueden salir en libertad y pagar la pena mediante trabajos de utilidad pública».
Por su parte, el presidente izquierdista, Gustavo Petro, cuestionó la ley el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. «Si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crecen sin afecto y muchos, en el futuro, se convierten en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión», manifestó el mandatario.
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Reclusas beneficiadas
Según cálculos oficiales, de unas 17,000 mujeres presas, 5,000 que cumplan con los requisitos podrían resultar beneficiadas a través de la nueva ley.
En un boletín de gobierno se indicó que ellas «deberán encontrar entidades que les permitan ofrecer servicios en actividades educativas o restauración ambiental. También recuperación del espacio público, apoyo al transporte masivo y ayuda a poblaciones vulnerables» para solicitar su libertad.
Las mujeres deberán prestar un mínimo de cinco horas de servicios no remunerados a la semana y máximo veinte. «Por cada cinco horas van redimiendo una semana de privación de la libertad», precisó Osuna.
¿Qué harán en el resto del tiempo?
El resto del tiempo, las condenadas podrán trabajar sin restricciones, bajo vigilancia del ministerio de Justicia.
La iniciativa estaba en el Congreso desde 2021 por el rechazo del entonces partido oficialista de derecha el Centro Democrático y del expresidente Iván Duque (2018-2022).
La oposición critica que la ley arrope a condenadas por delitos como hurto agravado o concierto para delinquir. Pero desde que llegó al poder el presidente Petro, aboga por políticas preventivas más que represivas, cuando la sobrepoblación de las cárceles alcanza un pico crítico.
«Es un primer paso hacia un giro de la política penitenciaria, hacia otra forma de evitar la comisión de delitos, hacia otra forma de entender el sentido del castigo», explicó Osuna.
