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domingo, noviembre 27, 2022

CNA revela que “sobrino de JOH participó en caso de corrupción”

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TEGUCIGALPA. A raíz del informe presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), sobre la auditoría hecha en la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), donde se reveló una pérdida económica para el Estado de más de 61 millones de lempiras, ya han empezado a salir nombres de los presuntos involucrados en este nuevo acto de corrupción.

Uno de los nombres que se menciona es el del ciudadano Miguel Ángel Bonilla, quien “es sobrino del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández”.

De acuerdo con lo denunciado por el CNA, parte de esos 61 millones de lempiras fueron a dar a las cuentas bancarias de tres altos funcionarios que formaban parte del gobierno de “JOH”.

Altos salarios  

Estas personas formaban parte de la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, Suiza, según indican las autoridades.

Los mencionados son Bonilla, Dacio Castillo y Alana María Lanza Suazo, a quienes presuntamente le pagaron altas sumas de dinero, pagos que supuestamente eran por salarios y gastos de representación.

Según la investigación, el pago de estas tres personas representaba 10.39 % del total del presupuesto asignado a esa Secretaría.

Gastaban miles de lempiras en comida y bebidas     

El CNA expresó en un comunicado que en relación a este caso, se descubrió que por la compra de un postre y de dos botellas de vino, se gastaron 32 mil lempiras y 14 mil lempiras respectivamente.

“Durante un viaje a Suiza, exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno anterior se gastaron 14 mil lempiras en dos botellas de vinos”, se puede leer en una parte del informe del CNA.

CNA sobrino de JOH
Presunto vínculo de uno de los funcionarios con Juan Orlando Hernández.

Denuncia en contra de los encargados

Asimismo, el CNA explicó que interpusieron una denuncia formal en contra de los funcionarios a cargo de esta Secretaría durante el período 2018-2022. A estos se les acusa de actuar de forma arbitraria y por la mala gestión del servidor público.

Además, se les acusa de no seguir el procedimiento de selección y contratación del personal. Esto sucedió luego de conocer que el 20 de diciembre del 2021, es decir, a un mes de dejar el cargo, otorgaron permanencias y aumentos a empleados, a pesar de que no estaba autorizado.

Estos incrementos generaron un déficit presupuestario de 1 millón 422 mil lempiras de la Secretaría de Desarrollo, según denuncias.

Ante esto, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deberá deducir la responsabilidad penal, civil o administrativa a estas personas, sostuvo la organización.


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