TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un promedio de cinco lempiras destina el Estado para atender a cada persona con discapacidad en Honduras. Así lo revelaron en las últimas horas directivos de organizaciones no gubernamentales quienes urgen replantear una política de protección.
Celia Barahona es una de las directivas de 57 oenegés que la semana pasada llegaron a Casa de Gobierno a pedir los recursos que retienen para sus programas. Ella, a través de medios locales, aseguró que viven momentos de calamidad al punto que están cerrando instituciones porque ya no tienen para sobrevivir.
En ese sentido, Barahona consideró que los recursos del Estado para las personas con discapacidad son insuficientes.
«Todos los años sube la demanda de rehabilitación. Datos de estas organizaciones indican que en Honduras viven más de 600 mil personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, los fondos que se destinan es de cinco lempiras para cada uno de ellos en promedio», estableció la entrevistada.
La directiva resaltó la labor de organizaciones como la que representa porque suplen esas deficiencias del gobierno con gestiones privadas y donaciones internacionales para poder apoyar a los hondureños con limitaciones físicas.
Durante el plantón, las personas con discapacidad demandaban 20 millones de lempiras en transferencias retenidas en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDASOL), antes SEDIS.
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Pago de transferencias
Respecto a ello, Wendy Aguilar, directora del Programa de Discapacitados de esta Secretaría, aseguró que comenzaron con el pago de las transferencias a las oenegés que tienen debidamente documentada sus liquidaciones.
Además, dijo que preparan una bolsa virtual de empleo para que todas las personas con discapacidad envíen su hoja de vida a las diferentes instituciones del Estado y sirva de base de datos a una oportunidad de empleo.
«Tenemos una orden clara de atender con prioridad a todas las organizaciones de personas con discapacidad que atienden a nivel nacional. Justamente eso es lo que estamos haciendo hoy, dando una respuesta contundente», aseguró.
Aguilar también dijo que ordenaron a todas las instancias del gobierno respetar los empleos a las personas con discapacidad y seguir con el proceso de contratación del 4 por ciento de las planillas de cada entidad, como ordena la ley.
«El año pasado, se destinaron 41 millones a las diferentes transferencias que se les da a 54 organizaciones que reciben estos fondos. Este año, tenemos el mismo techo y esperamos hacer las gestiones correspondientes para garantizar que nuevos fondos puedan llegar a estas organizaciones. Sabemos que son ellas las que han asumido históricamente la atención a las personas con discapacidad», acentuó Aguilar.
Para finalizar, la funcionaria indicó que esperan reactivar un Consejo Consultivo para poder ser parte de las decisiones que se dan en la dirección de discapacidad. Sin embargo, eso será previo a una auditoría forense técnico-administrativa a cada una de esas 54 organizaciones a fin de depurar aquellas que tengan vicios de corrupción.
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