TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ministerio Público y otras autoridades antilavado repartieron entre 77 instituciones del Estado los vehículos incautados a estructuras criminales en los últimos 10 años.
Como se sabe, jefes del narcotráfico y de pandillas compraron con dinero ilícito lujosos carros del año a algunas concesionarias de Honduras.
Hasta la fecha no hay reportes que demuestren sanciones o recuperado el dinero «sucio» empleado para realizar esas transacciones.
En otros países, la compra de vehículos es una forma frecuentemente utilizada por los capos para lavar dinero.
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Vehículos en uso provisional
La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), ha reportado al menos 766 vehículos dados en uso provisional. Actualmente tiene en su registro un total de 2,325 automotores.
Además de los vehículos en uso provisional, 886 también han cambiado su modalidad y condición jurídica; de estos, 184 han sido devueltos, 483 subastados y vendidos, 26 donados, 10 arrendados y 183 en proceso de subasta.
Irregularidades
Pese a que la OABI detalla el número de bienes bajo su administración, el ente continúa siendo cuidadoso en relación a la procedencia de los 2,325 vehículos que administra hasta abril de este año.
Diario TIEMPO DIGITAL ha insistido en repetidas ocasiones para que el ente especifique, tanto las características de los automotores, como el nombre de los capos de la droga a quienes se les incautó los mismos.
Sumado a ello, no hay registro de una línea de tiempo que especifique la fechas en que se realizaron las incautaciones y cuando la OABI tomó posesión de los bienes.
MP y secretarías de Seguridad y Defensa, las más beneficiadas
Al menos 77 instituciones del Estado hacen uso provisional de 766 vehículos de un total de 2,325 que administra la OABI.
El Ministerio Público y las secretarías de Seguridad y Defensa son las instituciones que mayor número de automotores tienen asignados, con 153, 42 y 64 respectivamente, según muestra el informe del ente administrador.
Además de ello, 45 son usados en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), 43 en alcaldías y 59 por empresas administradas por la OABI. Además, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) utiliza 7 de estos vehículos.
Otras instituciones que usan vehículos decomisados al crimen organizado y que son utilizados por ministros y funcionarios del Gobierno.
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Denuncia
Para febrero de 2018, la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC) admitió que funcionarios públicos hacían uso de los automotores incautados a las estructuras criminales y que administraba la OABI.
En esa misma fecha, agentes de la UFECIC investigaron por qué la OABI no rendía reportes sobre bienes asegurados a narcotraficantes. Hasta ahora, no hay resultados de la investigación.
Además, la OABI no informa si los vehículos que están en uso provisional concluyeron con los cuatro años que permite la ley que estén bajo esta denominación.
