TEGUCIGALPA, HONDURAS. Más de dos mil bienes muebles, de los cuales el 81% de ellos son vehículos, reportó la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) en su último informe elaborado en abril de 2019.
Ese informe fue preparado por la actual jefa de la Unidad de Bienes Incautados y Decomisado (UBID) de la OABI, Carol N. Reyes Nasser.
En el reporte la UBID establece que la OABI tiene en su poder 2,875 bienes muebles y 2,022 bienes inmuebles.
Es de recordar que la OABI desde su creación en el año 2003, solamente contabilizaba 270 bienes bajo su administración.
No obstante, ocho años más tarde, cuando pasó a ser adscrita a la Secretaría de la Presidencia, registró 228, haciendo un total de 498, durante ese período de tiempo.
Para este año, el número de bienes muebles en poder de la OABI ascendió a 2,875, de estos, 2,325 son automotores, según revela el documento oficial.
Sin embargo, aún se desconocen detalles de los automotores y de las concesionarias que se han enriquecido con esos dineros ilícitos, tal y como lo ha venido consignando diario TIEMPO DIGITAL.
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Bienes inmuebles
Por su parte, la base de datos de la OABI registra y distribuye así los bienes inmuebles: 937 casas, 66 apartamentos; igualmente 97 edificios, 35 bodegas, 125 locales comerciales, 165 haciendas y fincas, 596 terrenos baldíos con mejora y una cantera.
Hay que considerar que los bienes muebles son todos aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, pero que no pueden llevarse consigo cuando uno se desplaza de un lugar a otro. Mientras que los bienes inmuebles son aquellas posesiones que están anclados al suelo, por lo que también se les denomina bienes raíces.
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Registro de bienes
Además de los vehículos, entre los bienes muebles que administra la OABI, figuran 226 embarcaciones, 49 aeronaves; 93 armas de fuego, 157 remolques, furgones y trailers y 25 motores, además de los 2,325 vehículos antes expuestos.
Por lo anterior, se puede constatar que los automotores representan los bienes de mayor uso para los narcotraficantes. También otras estructuras delictivas como maras y pandillas.
En ese sentido, es de recordar que en todos los informes, la OABI no rinde detalles sobre las empresas distribuidoras, ni características de los mismos, acción que deja en duda la transparencia con que operan algunas concesionarias en el país con la venta de vehículos.
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Unidad de Inteligencia Financiera
La Ley Especial Contra el Lavado de Activo en su artículo 27 establece las obligaciones de las concesionarias. Indica que es de carácter obligatorio que empresas reporten todas las operaciones sospechosas. Esto, independientemente de que se ejecuten o no.
En virtud de ello, las empresas como las concesionarias están obligadas a reportar las repetitivas compras que hacían capos de la droga.
Además, el citado artículo establece que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una dependencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), es la encargada de solicitar, recibir, analizar e informar al Ministerio Público sobre aquellos eventos que sean considerados objetivamente como probables casos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Entre las funciones de esta unidad están recibir, analizar y diseminar los reportes de transacciones sospechosas. Igualmente dar información remitida por los sujetos obligados.
En ese sentido, poco se sabe cómo esas autoridades sancionan y combaten ese próspero y evidente delito.
