Se anuncia la llegada a Tegucigalpa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOEUE), encabezada por Ulrike Lunacek, vicepresidenta del Parlamento Europeo, para tomar nota del cumplimiento de sus recomendaciones, a raíz del evento electoral de 2013, sobre reformas políticas en materia electoral.
Las elecciones generales de 2013 se distinguieron por el fraude electoral más traumático en la historia política de Honduras, al que la observación internacional –principalmente de la Unión Europea y de la OEA– dio su consagración, incluso, en el caso de la MOEUE, con fuerte discrepancia de alguno de sus miembros.
Ese fraude electoral, que últimamente se ha revelado en su máxima execración con el conocimiento del masivo uso de lavado de dinero público, procedente del expolio criminal del patrimonio del Instituto de Seguridad Social (IHSS), del dinero para compra de medicamentos de Salud Pública, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), etcétera, fue realizado para consolidar y darle continuidad a una segunda fase del régimen de corrupción e impunidad, caracterizado, en lo político, por una dictadura personalista, de partido “hecho poder”, y, en lo económico, con imposición de un salvaje modelo neoliberal. En suma, la implantación de un régimen fascista.
Como lo dijimos en su oportunidad, antes de que se pusiera en escena la observación internacional de la UE y de la OEA en el proceso político-electoral de 2013, la atención principal debía consistir, en aquel momento, en escrutar e investigar todo el procedimiento electoral a lo largo del proceso, en vez de observar, los días previos y posteriores la realización y el resultado, precisamente para dar el consabido visto bueno.
Aparentemente –y solo aparentemente—ahora, con el subterfugio de la evaluación sobre aquellas recomendaciones poselectorales de 2013, su buscaría incursionar para que se produzca una reforma electoral, tomando en cuenta la serie de exigencias democráticas que vienen planteándose desde hace más de dos décadas sin efecto positivo alguno.
Esas demandas de reforma electoral, de hecho planteadas en proyectos que implican la emisión de una nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP), entre ellas lo conducente al estricto control del financiamiento de las campañas electorales; la reestructuración del Tribunal Supremo Electoral (TSE); la remodelación del sistema de las mesas, transmisión, recolección y manejo de los resultados electorales; así como la gratuidad de los medios de comunicación social, y la adopción del balotaje o segunda vuelta para democratizar el proceso y viabilizar el pluripartidismo, son cuestiones muy importantes, necesarias, pero no las de mayor efectividad si de desarrollo democrático real, inclusivo y participativo se trata.
Para que exista en Honduras una democracia efectiva, por la vía electoral y la plena vigencia del pluripartidismo, no es con el habitual formalismo electoral que esto se consigue en lo esencial.
Eso se logra con partidos políticos dispuestos, a toda costa, a la implantación de la verdadera soberanía popular, la indispensable y efectiva organización de las bases laborales –sindicales y campesinas–, la estructuración de una auténtica sociedad civil (colegios profesionales, red de cooperativas y organizaciones comunitarias), y, por supuesto, la canalización del Movimiento Nacional de Indignación en función de la salvación de Honduras, de su Sociedad y de su Pueblo.
¿Cooperará la UE en esa misión fundamental para la democracia en nuestro país? ¿O seguirá el juego planificado del formalismo electoral, que, por supuesto, es parte constitutiva del militarismo y el neoliberalismo en boga?
